Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes, personas autoconvocadas y funcionarios del Poder Judicial marcharán mañana, 1 de febrero, a la sede de la Corte Suprema para reclamar por cambios en la Justicia.
La movilización será bajo la consigna «Democratizar la Justicia», y la convocatoria es a las 18 horas en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia en CABA, y contará con la asistencia ya anunciada del titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; del co-secretario general de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano; y del dirigente social Luis D’Elia, entre otros.
También estará uno de los organizadores de la convocatoria, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, Juan María Ramos Padilla, padre del juez federal Alejo Ramos Padilla, que llevó adelante la investigación por el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó, apenas recuperada la democracia, la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires.
Al anunciar la movilización, Ramos Padilla convocó al acto público para que el Poder Judicial «se transforme en un servicio de justicia» y para que su función no quede en una mera «protección a intereses que no son los propios de los argentinos».
En cuanto a los organismos de derechos humanos, ya comprometieron su participación Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), entre otros organismos, que ya se sumaron a la convocatoria en las redes a través del hashtag 1FmarchamosALaCorte.
El partido Frente Grande acompañará también «con expectativas y esperanzas» la movilización al Palacio de Tribunales convocada este martes para reclamar la «democratización» de la Justicia y protestar contra la Corte Suprema.
En el espectro opositor, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio difundió el viernes un comunicado criticando la marcha contra la Corte y señaló que suma «gravedad institucional» a la escena política.
Luego de señalar que la Constitución consigna un mecanismo para la remoción de los jueces, el partido que gobernó de 2015 a 2019 estimó que «este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno».
No obstante la postura de la oposición, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, dijo en su habitual contacto con los periodistas de Casa Rosada el jueves que el Gobierno «no toma postura» respecto a la marcha.
«El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno», dijo Cerruti.
De todas formas, señaló que «la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida».
Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y por el fin del «lawfare» o la «guerra judicial» con fines políticos.
Si bien es un acto transversal que reúne a organizaciones y dirigentes de extracciones heterogéneas, desde la organización anticiparon que el acto tendrá como único orador al juez Ramos Padilla.
