La organización de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) trabaja en Argentina con foco en los niveles local y nacional y proyección hacia Latinoamérica y el sistema internacional de los derechos humanos. Actualmente cuenta con sede en San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy.
Natalia Peñaloza, abogada y coordinadora institucional de ANDHES, dialogó con UNJuRadio explicó cómo cuál es el trabajo que vienen realizando desde la institución. Además contó a partir de cuándo realizaran la convocatorias conseguir voluntarios.
La abogada señaló que la convocatoria para cubrir las diferentes áreas de la institución se abrirá entre febrero y marzo del corriente año. Las mismas se publicarán en las distintas redes sociales de la organización (Facebook, Twitter e Instagram).
Aclaró que para ser voluntario no hace falta ser un profesional recibido sino ser un alumno avanzado en alguna carrera universitaria, “el compromiso es con los derechos humanos”, indicó.
Además, manifestó que el contexto de pandemia que vive el país y el mundo “no es fácil sostener voluntariado. La verdad que hay que tener mucha vocación y militancia”. Y aseguró que “a medida que van saliendo los proyectos es muy posible que varias de las voluntarias o voluntarios que estuvieron participando de manera activa y demás; puedan obtener una pequeña renta que proviene de esos proyectos”.
Detallo que los proyectos a los que tienen acceso son financiados en algunos casos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Tras aprobarse el proyecto se reciben el financiamiento correspondiente lo que permite a ANDHES sostener «medianamente» un equipo de voluntarios.
En el año 2020, a raíz de la pandemia por COVID-19, el trabajo en la institución fue netamente virtual. En el 2021 la modalidad fue mixta (virtual y presencial), “siempre resguardando y cuidando los protocolos de salud», indicó.
ANDHES es una organización no gubernamental que cuenta con sedes en dos provincias de Argentina, Tucumán y Jujuy. Las áreas de trabajo en las que se enfocan son Derechos Humanos (DH), Derechos de niñez y adolescencia, Derechos de los pueblos indígenas, Migración y trabajan una Clínica jurídica de Derechos Humanos. También poseen un área de Memoria, Verdad y Justicia, Seguridad y DH específicamente en la provincia.
La institución nació como una organización de abogados y abogadas. Actualmente cuenta con un grupo interdisciplinario en el que trabajan profesionales en Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, Antropología, en su mayoría conformado por mujeres. Es una organización netamente territorial, por lo que fue “un gran acierto poder incluir a otras profesiones a esta organización” sostuvo Peñaloza.
“Este año estuvimos trabajando de manera activa dados los diferentes hechos en las diferentes temáticas que fueron surgiendo a lo largo del año. Por ejemplo, con respecto a género y derecho humano y la clínica de derechos humanos, estuvimos trabajando en dos proyectos. Un proyecto financiado por ONU y el otro por PNUD. Son destinados a capacitar mujeres, orientadoras legales comunitarias, con una perspectiva de género para que puedan acompañar a las mujeres de sus territorios u organizaciones cuando éstas estén sufriendo violencia de género”. En este sentido hizo referencia a que se llevó a cabo una clínica jurídica en conjunto con el Colegio de Abogados y la Universidad de Santiago del Estero (UCSE) para capacitar a profesionales de derecho y futuros profesionales de derecho. Esto “tiene que ver con esta temática tan sensible como es violencia de género y acompañamiento sobre todo a las mujeres en situación de violencia”- manifestó.
Finalmente, detallo algunas de las tareas que llevo adelante la institución en la provincia el año pasado. Explicó que el equipo de Niñez estuvo haciendo talleres en Barrios de Alto Comedero. El equipo de Pueblos Indígenas estuvo trabajando proyectos relacionados a la incidencia de las empresas en las comunidades, teniendo en cuenta “cómo es que estas empresas se desenvuelven o trabajan o llevan a cabo sus actividades en territorios indígenas sin la consulta previa, pasando y avasallando todos los derechos de las comunidades”
