A un año de la sanción de la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, y la atención postaborto de las personas con capacidad gestante, dialogó con Unju Radio Luz Díaz, médica e integrante de la mesa nacional de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir.
En este marco, se refirió a las cuestiones que hasta el día de hoy quedan por hacer a nivel nacional en este aspecto, “hemos observado que se realizan denuncias por violencia a personas que se acercan a solicitar esta interrupción”, relató, agregando que “si bien el proyecto de Ley les posibilita la objeción de conciencia, esta posición no les permite ser obstaculizadores del procedimiento, ni ejercer violencia dentro de las instituciones”.
A su vez, indicó que otro de los obstáculos respecto a la IVE, es la “falta de reconocimiento de las obras sociales”, ya que solamente puede realizarse en espacios públicos como Hospitales Públicos y Centros de Salud, y no se garantiza la accesibilidad, e incluso puede pasar el tiempo que reconoce la ley para realizar la interrupción. Sumado a esto, Díaz señaló la criminalización de profesionales que garantizaron este derecho en el país, y hostigamiento a profesionales.
En otro orden, indicó que como integrantes de la Red Regional de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, se está evaluando la realización del pañuelazo nacional en la provincia, debido al incremento de casos de Covid-19 en el último tiempo, “algunas unidades regionales han decidido no realizar la actividad, en Jujuy se está analizando la situación, y, si se decide realizarla o no, será teniendo en cuenta la situación sanitaria provincial”.
