En 2001 se produjo una de las mayores crisis económica, política y social que tuvo que enfrentar la sociedad argentina.
Luego de años de políticas neoliberales iniciadas en los ’90 con el gobierno de Carlos Menem y continuadas por la Alianza con una clara participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), se produjo el estallido social del 19 y 20 de diciembre de ese año, en un contexto signado por el Estado de Sitio que había decretado el entonces presidente Fernando De la Rúa, los cacerolazos, los cortes de rutas, protestas en los bancos, asambleas populares y el rechazo generalizado hacia la clase dirigente se plasmaron en el grito “Que se vayan todos”, la consigna que se convirtió en la expresión unificadora de descontentos de todo tipo.
El estallido provocó la salida del presidente de La Rúa, y dejó como saldo 39 víctimas de la represión ordenada por el Gobierno de la Alianza para repeler las protestas que se desataron en todo el país.
«En Jujuy veníamos de todo lo que habian sido los ’90, la inestabiliad de los gobernadores por la situacion de crisis que había en la provincia y la situación de protestas y luchas», comentó Fernando Acosta, Secretario General de la CTA Jujuy y referente de la Verde y Blanca de ATE, en diálogo con UnjuRadio.
En la provincia Ferraro era el séptimo gobernador desde 1990, cuando Ricardo de Aparici tuvo que renunciar por la presión del Frente de Gremios Estatales, liderado por Acosta y Carlos «Perro» Santillán.
«En la provincia el último gobierno que se había ido fue el de Ferraro en el ’98», recordó el referente.
Así mismo, el panorama que se vivía era el acrecentamiento de la crisis a nivel nacional: «veníamos de las medidas de López Murphy, con un plan de ajuste y recorte que afectaban principalmente a los trabajadores y a los más vulnerables».
En aquel momento «había mucha pobreza y mucho hambre, en muchas provincias había monedas propias y las políticas de recorte era fortísimas».
Además la inestabilidad política en Jujuy, con «gran desocupación y cortes de ruta», significaba para los sindicatos y demás organizaciones políticas y sociales, «continuar con un proceso de lucha que ya veníamos llevando adelante».
«El 19 y 20 nosotros salimos a la calle, se estaba matando gente, se había instalado el estado de sitio, era una situación de mucha emergencia, pero hay límites que no se puede permitir que se crucen», relató en relación a los asesinatos de manifestantes durante estas jornadas.
Por último reflexionó acerca del hecho de que «muchos de los que son hoy funcionarios jujeños, eran parte de este gobierno de la Alianza e impulsaban estas medidas de ajuste».
«Hay que recordar, preguntarle al Gobernador (Morales) donde estaba el 19 y 20 de diciembre: estaba sosteniendo un régimen de grandes negocios, es importante recordar quienes participaron en este gobierno y se beneficiaron», concluyó.
Por su parte, el contador Guillermo Sapag, docente de la Universidad Nacional de Jujuy señaló que la crisis de los gobiernos neoliberales de la Argentina «representaron la entrega del patrimonio nacional».
En ese sentido recordó que en aquel período «los propulsores del esquema del Consenso de Washington, como Domingo Cavallo», propiciaron «las privatizaciones de empresas, flexibilización laboral y apertura de la economía», tres pilares fundamentales del neoliberalismo, y además «la entrega de todas las empresas del Estado, que significaban un aporte para el avance estratégico del país y que costaron tanto sacrificio».
De este modo, la situación extrema de crisis , con «endeudamiento , pobreza y desempleo, costó el sacrificio del pueblo y 39 muertos».
«Es importante recordar todo lo que pasó, es necesario insistir con la memoria», dijo y agregó que es válido recordar que «nuestro actual gobernador también era funcionario del gobierno de la Alianza».
Por último destacó el papel fundamental que jugaron los actores de las protestas en Jujuy que «tuvieron una presencia muy importante en el reclamo contra estas políticas: la provincia fue un ejemplo en la pelea por los derechos sociales».
