La multisectorial de mujeres en la jornada de hoy acompañó a la Dra Eugenia Ríos y a la Dra Mariana Vargas, su defensora, quien denunció penalmente al Dr Sergio Lello Sánchez y hoy lo horá nuevamente por lo civil en el juzgado de violencia de género.
En diálogo con UNJu radio, 92.9, la Dra. Vargas, se refirió a la urgente necesidad de que cese la violencia que se está ejerciendo sobre su defendida, así mismo explicó que si bien se pidieron medidas cautelares éstas se están tramitando dentro del Ministerio Público de la Acusación y el problema radica ahí en que todos los empleados dependen del mismo jefe al que denuncian, por lo que se hace casi imposible lograr avances en la causa.
Respecto a la denuncia presentada, la abogada indicó «estamos haciendo una demanda civil ante la jueza especializada en violencia de género a los fines de que se tomen medidas cautelares, luego continuaremos el procedimiento y analizaremos si es necesario que intervenga el Superior Tribunal de Justicia, el Gobierno de la Provincia y la Legislatura y ver como se resuelve esto, porque el daño que se está ejerciendo desde el jefe del MPA a la mayoría de las empleadas y funcionarias dentro del Ministerio Público de la Acusación, amerita que se tomen medidas. No se pueden perseguir los crímenes contra las mujeres que son ocasionados por el odio hacia ellas y dentro de este ministerio tenemos odio hacia las mujeres en formas explícitas».
En cuanto a las reiteradas denuncias que recaen sobre el juez Lello Sánchez dijo «el costo que paga el servicio de justicia en nuestra provincia es muy grave, de los hechos que relata Ríos surge el nivel de pérdida de tiempo que hay en la administración dentro del MPA, que implica que en realidad las personas abocadas a las causas deben estar rindiendo cuentas, llevando expedientes, en vez de trabajar en lo que se debe que es en la administración de justicia, por lo que la denuncia sirve para ver cuanto daño hace Lello Sánchez al propio MPA».
Por otro lado, la doctora Ríos, explicó que la presentación de la denuncia tiene que ver con las cuestiones relacionadas a los cinco años sufridos en cuanto a violencia de género, persecución laboral y las amenazas recibidas por parte del fiscal general.
En esta misma línea, mencionó «hoy me encuentro con carpeta psiquiátrica y aun así los hostigamientos por parte de esta persona de forma directa e indirecta continúan, por eso pedimos que resuelva de manera inmediata la jueza, las medidas cautelares para que cese el hostigamiento y violencia y buscar que se lo separe de su cargo para poder continuar porque en realidad no soy el único caso, sino que existen antecedentes desde 2019».
Finalmente, indicó «es el momento de ponerle un límite a este señor ya que él es quien ocupa un lugar donde se debe garantizar el derecho a la víctima de violencia de género, cuando él está ejerciendo violencia hacia sus empleadas y funcionarias».
