El pasado 8 de noviembre, según denuncian pequeños productores de El Pongo (Perico), la policía desalojo a familias dedicadas a la agricultura y a la detención de una trabajadora campesina, Marta Leaños. La razón seria expandir el cultivo del Cannabis por parte de la empresa Cannava S.E., cuyo titular es Gastón Morales. La mujer fue denunciada por la administración provincial por usurpación y estuvo bajo arresto hasta el día miércoles 10 cuando fue dejada en libertad en horas de la tarde.
No es la primera vez, dicen los productores, que la empresa con el aval del gobierno de la provincia intenta avanzar sobre las tierras de El Pongo para priorizar el cultivo del cannabis (monocultivo).
También se oponen al desmonte de 440 hectáreas de tierras en la Finca. Exigen que se respete el cultivo de las familias productoras y solicitan la restitución de esas tierras a los pequeños productores que habitan en la zona hace décadas.
En este contexto, la trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy (SAFCI) , Eugenia Calvo, señaló en UnjuRadio que la detención de la productora «es una situación arbitraria” y rechazó los cargos que se le atribuyen.
Marta Leaños, la trabajadora detenida y luego liberada, es campesina, ingeniera agrónoma, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), y pertenece a una de las 300 familias que residen y cultivan en Finca El Pongo. Las familias que viven allí hace varias décadas se dedican a la agricultura como medio de auto subsistencia. En el 2016 comenzó lo que llaman ellos «una persecución judicial» para intentar desalojar a las familias campesinas y avanzar sobre esas tierras para la producción del cannabis medicinal. Este proyecto “no contempla a las familias que trabajan la tierra” aseguró Calvo.
Además denuncia que la administración de La Finca también ejerce una “presión indirecta para intentar desalojar a las familias subiendo el arriendo un 80%».
Calvó explicó que la finca El Pongo es “uno de los principales cinturones verdes de la provincia y los productores locales son comercializadores en todo el Noroeste Argentino”.
La Secretaría de Agricultura Familiar de Jujuy comentó a la emisora universitaria «que existe un amparo legal que protege a los trabajadores agrícolas, es la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que está en vigencia desde el año 2016, y tiene como finalidad incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria, valorizar y proteger a los sujetos del sistema productivo»
Además indicó que “la Ley contempla a los productores a pequeña escala y promueve el arraigo rural, y en estas situaciones de avance y desplazamiento no se está implementando de forma correcta”, y agregó que, al tener este amparo legal “no corresponde que el Poder Judicial esté avanzando con órdenes de desalojo y armando causas por usurpación”.
Para finalizar, Calvo expresó que esta situación es grave, porque “se enfrentan a un proyecto como el del cannabis medicinal que no los contempla”, y manifestó que debería llamarse al diálogo para “mantener la subsistencia de estas familias campesinas que tienen una función social que es la producción de alimentos a precios razonables y que tienen un impacto en el bolsillo de la población”.
Distintas organizaciones sociales y sindicales repudiaron la detención de la productora campesina y rechazaron la judicialización de la protesta de los campesinos y campesinas en la provincia de Jujuy.
