Federico Fernández, integrante de la Comisión directiva del Colegio de Graduados Antropólogos de Jujuy, habló en UNJuRadio sobre los reclamos de la comunidad Mapuche y al modo en que figuras públicas y medios de referencia dominante se han referido al pueblo y a sus reiterados pedidos al Estado.
Asimismo, habló sobre el vínculo de gobiernos provinciales y nacionales con los pueblos originarios del noroeste argentino.
En principio, Fernández aclaró que los pueblos originarios son preexistentes a los Estados Nacionales, es decir que, existieron antes de que éstos se conformen. Por lo que «toda discusión en torno a si, los Mapuches, son o no son «terroristas» no aplica porque sería no tener en cuenta el contexto histórico, la formación y el derecho de esta comunidad», destacó.
En particular, se refirió a Jujuy y expresó que «el noroeste argentino tiene una gran diversidad de pueblos originarios. Entonces, es preocupante el uso político que se hace sobre ellos por parte de distintos gobiernos especialmente, el provincial».
Al respecto, recordó una nota del 2017 del gobernador, Gerardo Morales donde, de acuerdo a las declaraciones del antropólogo, «deja muy clara cuál es su concepción con respecto a los pueblos originarios. Señala que el pueblo coya es un pueblo «desarrollado» a diferencia de la comunidad de habla guaraní, lo cual es falso, porque la Antropolgía desde hace 100 años, ha descartado clasificar a los pueblos originarios a partir de ese criterio».
Posteriormente, señaló que el analisis de figuras públicas tiene consecuencias, porque, clasifica a las poblaciones, y, en la práctica se traduce a que «aquellos que, supuestamente son menos «desarrollados», son menos aptos para determinadas actividades, no tienen buena organización y, por ende, para el mercado de trabajo actual, hay que pagarles menos», explicó.
Por último, fundamentó que, la categorización produce una estigmatización, y por consiguiente una racialización, la cual, al mismo tiempo, es usado políticamente. Al respecto indicó: «resulta oportuno hablar de los pueblos originarios, por ejemplo, para mostrarlo como vidriera política. Pero cuando la comunidad coya y guaraní hacen cuestionamientos, piden tierra, manifiestan sus conflictos, entonces ahí ya pasan a ser «terroristas, incibilizados, salvajes», ante los ojos del Estado.