María Victoria Veracierto Herrera, vecina de la Quebrada de Humahuaca, zona Huacalera, habló en UNJuRadio sobre la venta de tierras en la localidad. Particularmente, comentó acerca de una inmobiliaria que puso a la venta varias hectáreas de una finca llamada Monterrey, sin el consentimiento de las comunidades que habitan y son propietarias legítimas.
En ese sentido, hizo referencia a la intervención del Estado para que haga cumplir una ley que indica que se entreguen las tierras a las comunidades originarias del pueblo quebradeño.
En principio, Herrera comentó que la comunidad se enteró de la intención de una inmobiliaria de poner a la venta tierras de las comunidades por el «boca en boca». De esa manera, y luego de una investigación que llevaron adelante para constatar que realmente se habían colocado para ser compradas, «descubrimos que la finca Monterrey estaba siendo vendida por 15 millones de dólares por parte de la inmobiliaria Remax NOA. En su página, publicitaban que, -por esa cifra de dinero- se ofrecían alrededor de 18.500 hectáreas», señaló.
Asimismo, sostuvo que de acuerdo a la investigación que realizó en primera persona, pudo obtener la información de que la inmobiliaria, además de poner a la ventas las tierras, ofrecía un yacimiento de uranio dentro de las hectáreas para que la persona que compre el lugar, coloque una calera y haga explotación de tal recurso al precio de 15 millones de dólares.
En ese sentido, Herrera resaltó que el ofrecimiento de las tierras y la existencia del yacimiento en ellas «estaba en total desconocimiento de las comunidades dueñas de las tierras», aseveró-
En relación a la presencia del Estado, ya sea provincial o nacional, para que regule la incidencia de los sectores empresariales mineros, Herrera sostuvo que, de acuerdo a la reforma de la Constitución de 1994, se establecía que las tierras debían ser entregadas a las comunidades originarias en el 2008. Sin embargo, «siempre es lo mismo. No hay una voluntad de hacer cumplir la ley», concluyó.
