Desde hace aproximadamente 25 años, más de 500 ex trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy reclaman por el beneficio del 10% del Programa de Propiedad Participada. Para visibilizar su malestar y reclamar por sus derechos este jueves los ex empleados se manifestaron frente a la Casa de Gobierno con el fin de ser escuchados y poder tener alguna respuesta por parte del Gobierno provincial.
En diciembre de 1995 se derogó la Ley de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy en la que se declaró sujetas a privatización las actividades de Generación, Transporte, Distribución Concentrada y de los Sistemas Eléctricos Dispersos que realizaba la Dirección de Energía de Jujuy.
Hay que recordar que en su momento fueron creadas la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A), y la Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A), que se constituyó bajo la forma de Sociedad Anónima, cuyo Capital Social se distribuyó en un 10% para ser adjudicado al personal de las respectivas empresas mediante el Programa de Propiedad Participada y el 90% para el Estado Provincial.
Este Programa debía posibilitar el acceso a los empleados al Capital accionario de EJE S.A y EJSED S.A, y los representantes gremiales debían tener participación en la elaboración de los instrumentos que regulen este programa.
En este contexto, Oscar Rojas, referente de los ex trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy manifestó en UnjuRadio, “estamos cansados de que el Gobierno se burle de la Ley que ellos mismos implementaron”.
Explicó que desde que se derogó la Ley “el Gobierno jamás cumplió” razón por la cual tuvieron que recurrir a la Justicia hace 19 años. En este sentido comentó que en 2011 “salió una sentencia a favor de los ex trabajadores, que luego fue apelada por el Gobierno. En el año 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy emitió una sentencia que obligaba al Gobierno -provincial- a cumplir con esta sentencia”.
En este sentido, Rojas afirmó que a pesar de la resolución judicial a favor de los trabajadores, «a ninguno se le entregó la certificación de las acciones, ni se les pagó los dividendos” y agregó “no se cumple con lo que dice la sentencia”.
Por último, Oscar Rojas adelantó que en caso de que se cumpla con lo que dictamino la justicia y los ex trabajadores cobren la deuda, «los familiares de las personas fallecidas quedarían habilitados a recibir esta retribución, ya que hay muchos que fallecieron en la espera de que se dé cumplimiento a este dictamen». Indicó que actualmente son alrededor de 500 familias las que siguen esperando «hace 25 años y «el gobierno sigue sin cumplir con las tres sentencias».
