El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, durante una sesión en la que oficialismo y oposición respaldaron la propuesta de manera unificada al considerarla “reparadora de derechos”.
La iniciativa que propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis, trans o transgénero, obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra, mientras seis legisladores decidieron abstenerse.
El proyecto fue apoyado por el Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el bloque de Juntos por el Cambio votó dividido: el cordobés Ernesto Martínez lo hizo por la negativa, mientras que Roberto Basualdo (San Juan), Julio Cobos (Mendoza), Silvia Elías de Pérez(Tucumán), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones) y María Belén Tapia (Santa Cruz) se abstuvieron.
La nueva ley establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.
La sesión en en el Senado fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como “un día histórico” por la discusión de esta ley.
En su artículo 5, la ley establece que «el Estado nacional,comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes».
A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto,»los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero».
Además del cupo mencionado, el proyecto dice también que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.
También sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
Otro de los puntos dice que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales».
La nueva ley prevé incentivos para el sector privado que contrate personal trans al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales y ese beneficio se extiende a un año y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
En Jujuy, Yohana Cusi, referente del movimiento Igualdad Evita comentó que “esta ley es muy importante para la comunidad LGTB” y que “ha sido reflejado el trabajo y el orgullo que sentimos por este proyecto”.
Cusi relató a Unju Radio que anoche durante la vigilia realizada esperando la votación en el Senado, “estuvieron presentes muchos colectivos de la comunidad”.
Sobre la situación de las personas trans, travestis y transgénero en Jujuy subrayó que “el colectivo viene siendo ignorado” y que resulta necesario y urgente que “la provincia adhiera a esta Ley y comience a trabajar”.
“Para que las instituciones a nivel provincial tengan el cupo, la provincia debe adherir a la Ley, además es necesaria la adhesión para que el sector privado pueda tener los beneficios impositivos” por la contratación de personas de esta comunidad, tal como lo prevé la normativa.
Por último destacó que “esta ley nos da igualdad de oportunidades y de derechos” , y agregó que “con esto tenemos la oportunidad de que las personas de la comunidad LGTB+ puedan tener un sueldo digno y acceder a una jubilación”.
