La Cámara de Diputados dio media sanción esta madrugada al proyecto de inclusión laboral para la población travesti trans «Diana Sacayán-Lohana Berkins» donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.

El texto establece que el Estado nacional «debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes» y que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley».

También considera que se entiende por «personas travestis, transexuales y transgénero a todas aquellas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer» y que son los organismo comprendidos en la ley quienes deben “promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo».

La media sanción se obtuvo con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones.

Además se convirtió en ley el proyecto de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual, con 134 votos afirmativos, 9 negativos y 0 abstenciones.

El objetivo de la norma es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

Los servicios de comunicación de gestión estatal deberán garantizar una representación de personas travestis, trans, intersex, transgéneros, no inferior al 1% de la totalidad de su personal.

«La Ley establece una serie de medidas obligatorias para los medios de comunicación estatales y un régimen de preferencia en la distribución de la pauta para los medios privados que las imiten», señaló en su cuenta de twitter la diputada Gabriela Estevez del Frente de Todos.

Asimismo la iniciativa, denominada «Zonas Frias», que beneficiará a alrededor de cuatro millones de usuarios que pertenecen a los sectores más vulnerables de esas regiones, fue aprobada y enviada al Senado

Esta norma apunta a reducir las tarifas de gas en las denominadas zonas frías o de baja temperatura de distintos puntos del país para beneficiar a alrededor de tres millones de usuarios.

La disminución en las tarifas contempla a municipios bonaerenses y de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy y Salta en los que se registran bajas temperaturas, que se suman a las históricas beneficiarias de esos derechos como las provincias patagónicas, el sur mendocino y la Puna.

La iniciativa sumó 190 votos a favor, 16 en contra y 43 abstenciones, en tanto que se registraron siete ausencias; tras un debate que demandó casi cinco horas por la numerosa cantidad de diputados que se anotaron para exponer.

Durante la jornada de ayer, en el marco del debate en comisión, el oficialismo aceptó incluir parámetros técnicos para determinar las localidades alcanzadas por el beneficio, en lugar de la redacción original que precisaba cada una de las localidades, departamentos o partidos que se incluían.

Así, zonas de Córdoba, de Jujuy, de San Luis y del sur de Santa Fe se sumaron a los departamentos o partidos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta y San Luis contemplados en el texto original.

Los residentes de las zonas contempladas en el proyecto aprobado, que registran temperaturas muy bajas durante el invierno tendrán una disminución de entre 30% y 50% en las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según uno de los artículos de la iniciativa.

La norma reducirá en las zonas comprendidas las tarifas de gas en alrededor de 50 por ciento a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

El proyecto prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

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