Este 15 y 16 de mayo, los chilenos eligieron a los 155 representantes de la Convención Constituyente de entre casi 1.300 candidatos. Este órgano tendrá como misión redactar una nueva Constitución para el país.
Además de las elecciones de constituyentes, Chile también votó por alcaldes y concejales para las 346 comunas (municipalidades) que integran el país y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los ciudadanos elegirán a gobernadores para sus 16 regiones.
La Convención fue electa bajo un mecanismo de paridad de género, que garantizará un mínimo de 45% de mujeres, en tanto los pueblos indígenas tendrán 17 escaños reservados.
La asamblea cuenta con 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, y a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un nuevo plebiscito de salida para aprobarlo o rechazarlo.
La actual Carta Magna chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos.
Por esa razón, luego de las masivas movilizaciones del pueblo chileno el año pasado, en octubre de 2020 se decidió por una mayoría de casi el 80%, cambiar esta Constitución.
En este marco, con el 99,91% de los votos escrutados, las bancas de quienes elaborarán la nueva Carta Magna chilena quedaron distribuidas se la siguiente manera: 37 para Vamos por Chile; 25 para Apruebo, de la ex Concertación, 28 para la lista Apruebo Dignidad que reúne al Frente Amplio, el PC, Revolución Democrática (RD) y otros grupos y 48 para las listas de independientes, según informó la comisión electoral en su página web.
Esto representa una dura derrota para los candidatos identificados con el Gobierno de Sebastián Piñera, pero también para todos los partidos políticos ya que los independientes son los grandes ganadores del día.
Los independientes son ciudadanos que, desde el feminismo al movimiento por el medio ambiente, defienden la educación, la justicia social o la salud, y presentaron su candidatura para asumir el reto de integrar la Convención Constituyente.
Esta es la primera vez en la historia política de Chile en la que se permitió que personas ajenas a estructuras de los partidos políticos tradicionales se postularán a unas elecciones.
Estos datos confirman el descontento hacia la clase política que se hizo visible con el estallido social de octubre de 2019, el mismo que forzó al Gobierno de Piñera a llamar al plebiscito del año pasado que permitió iniciar el proceso que finalmente terminará con la redacción de una nueva Constitución que reemplace a la de la dictadura de Augusto Pinochet.
El número final de convencionales constituyentes deberá esperar hasta que finalice el conteo en cada uno de los 28 distritos ya que la asignación de los escaños dependerá, no solo de los votos, sino de que se cumpla también con la condición de paridad entre mujeres y hombres exigida.
En Chile se utiliza el sistema D’Hondt para los candidatos a constituyentes, que consiste en un método matemático de carácter proporcional, que busca fortalecer la representatividad en los delegados a escoger.
Si se mantienen estas proporciones, la derecha y la centroderecha no tendrán poder de veto en los artículos que contenga la nueva constitución ya que no llegan a ganar un tercio de los convencionales constituyentes.
La oposición de izquierda y centro-izquierda, en cambio, sí llegarían a conseguir poder de veto, pero no los dos tercios necesarios para imponer sus cambios sin una negociación.
Aunque el escrutinio es aún incipiente en las otras elecciones de gobernadores y autoridades municipales, los pronósticos indican que el oficialismo de Piñera también sufrirá una dura derrota, especialmente en el nuevo mapa compuesto por los gobernadores de todo el país.
La elección estuvo marcada por una participación baja, algo que no se esperaba debido a la importancia del evento electoral.
Esta elección es histórica ya que fueron desdobladas a dos días, con dos objetivos principales, el primero, promover la participación electoral de los ciudadanos, y segundo, evitar las aglomeraciones debido a la pandemia de coronavirus.
