La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) es un organismo creado mediante la ley 25. 520 para fiscalizar el funcionamiento de los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional y verificar que sus acciones respeten las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional y se ajusten estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.
Este cuerpo legislativo dio a conocer formalmente el informe y dictamen de la subcomisión que analizó durante varios meses y recogió numerosos testimonios que confirman las actividades de espionaje ilegal que se efectuaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
El informe fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara baja, encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.
El texto señala que pretende servir como “testimonio de la violación a los derechos humanos perpetrados por nuevas y sofisticadas formas de persecución política” que se reintroducen como una “herramienta al servicio del ‘lawfare’ o guerra judicial”, contra la política y los movimientos populares.
La CBI declara que existió un método ejecutado “por una organización” que tenía como finalidad producir información para incidir en procesos judiciales en trámite; facilitar dicha información a los medios de comunicación para su eventual difusión, de acuerdo con las necesidades del plan, y neutralizar, estigmatizar, suprimir civilmente, desprestigiar, hostigar, extorsionar y perseguir a opositores políticos. Todo ello en un constante “proceso de retroalimentación”.
Además subraya la efectiva “complicidad judicial” como parte de un “plan sistemático” y demuestra la existencia de un dispositivo “que se ocupó de la vigilancia -ilegal- dirigida a personas por el solo hecho de su fe religiosa, acciones privadas u opinión política”.
En las causas judiciales de mayor relevancia que fueron estudiadas por la Comisión Bicameral, se exhiben las pruebas que evidencian las técnicas de espionaje detectadas; tales como la “interceptación indebida de comunicaciones a través de la apertura de causas o pre-causas judiciales o a través de la instalación oculta de receptores de audio y video en las salas de abogados de unidades de detención.”
Además “la infiltración en organizaciones sociales, el seguimiento de personas, la observación fílmica y fotográfica “in situ” o la utilización de cámaras de monitoreo de Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; como así también, el ingreso no autorizado a base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y “la obtención de información de otras fuentes de datos abiertas”, consigna el informe.
Y detalla, que esta información era producida y entregada con el fin de manipular la opinión pública a través de la utilización de periodistas que, a su vez, “se sirvieron de aquellas en un cuestionado libre ejercicio de la libertad de prensa al amparo de la protección constitucional del secreto de sus fuentes de información”.
El informe revela que se espiaron aproximadamente 354 personas y 171 organizaciones sociales y partidos políticos, entre los que se encuentra la actual Vicepresidenta Cristina Fernández, así como dirigentes sociales, religiosos, jueces, periodistas, empresarios, estudiantes e incluso los familiares de las victimas del Ara San Juan.
Leopoldo Moreau, afirmó que «la conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política”.
Tras explicar los alcances del dictamen firmado por el oficialismo, Moreau dijo que el espionaje no solo sucedió en el ámbito de la AFI sino también «en la AFIP, que llevaba adelante tareas de inteligencia fiscal; en la UIF, que llevaba adelante tareas de inteligencia financiera; en Migraciones, que hacía tareas de control de entradas y salidas del país; y en el Servicio Penitenciario Federal, que en coordinación con la AFI llevaba adelante las tareas de espionaje sobre los ‘presos K’ y sus abogados defensores».
El informe considera que el «objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales».
En el último tramo se afirma que «el parlamento argentino debe ser la voz de nuestros compatriotas que quieren volver a decir Nunca Mas a estos ‘sótanos de la democracia’ para asegurarse, definitivamente, vivir en paz y libertad».
