El pasado 3 de abril se conoció de un hecho de violencia ocurrido por parte de la policía a un joven de 15 años que evadía un control en Palpalá, respecto a este caso de violencia institucional dialogó Roberto Aragón, Coordinador del Área de Niñez y Adolescencia de ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
“El hecho reviste una gravedad tremenda, porque es un caso claro de violencia institucional, ejercida por funcionarios del Estado”, señaló en primer lugar. Remarcó que desde ANDHES, esta brutalidad ejercida, vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mencionó que en este caso en particular ocurrido en Palpalá, el menor estuvo hospitalizado algunos días, y ayer se le dio el alta.
En este marco, indicó que al conocer de lo ocurrido, presentaron un comunicado de repudio, y tomaron acciones, “presentamos notas al Ministerio de Seguridad, específicamente al Ministro Corro, pidiendo que ejerza potestad en sus funciones, solicitamos el sumario administrativo, y, en caso de ser necesario, la separación de estos agentes de los cargos”.
Mencionó además que se hizo un pedido para conocer los protocolos con los que se trabajan, “creemos que estas prácticas policiales no pueden pasar por alto”, manifestó y que realizaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación “para que se investigue el hecho, se revele qué fue realmente lo que pasó y se investigue desde una perspectiva que demuestre si esto constituye en una práctica de tortura durante la detención”, denunció.
En este sentido, advirtió que existe un corpus normativo que protege a niños, niñas y adolescentes en cuanto a los casos de detención, ya que la policía está en su deber de hacer detenciones legales en casos en que se medie la orden de un juez, o si la persona está cometiendo un delito y huye, también en caso de que el menor se encuentre detenido en el control policial y se haya fugado. Aún así, remarcó que “existe una garantía mínima que debe respetarse en caso de que se sospeche que el niño o adolescente esté cometiendo un delito o esté implicado”, y expresó que “lo que sucedió es algo totalmente inadmisible e ilegal”.
Por otro lado, hizo referencia a que “nuestro país por convención adhiere a tratados internacionales de Derechos Humanos, sobre todo la Convención de los derechos del niño, que establece esto en el Art. 37”, y puntualizó en que las detenciones deben ser “totalmente fundadas y no deben vulnerar las condiciones humanas de menores de 18 años”.
En este sentido, apuntó a que hay una serie de derechos que amparan a los menores detenidos que son principalmente el contactarse telefónicamente con sus familiares; y no ser privados de su libertad y compartir celda con personas mayores de edad. Esto busca “proteger el derecho a la dignidad, a la vida y a la libertad, principios fundamentales para todo Estado de Derecho”, remarcó.
Finalmente, hizo referencia a que estas son circunstancias que ocurren a menudo, pero que no suelen ser denunciadas, es por esto que se busca concientizar a la población y visibilizar estas situaciones que no son legales. “Las fuerzas de seguridad tienen un deber y un compromiso de garantizar derechos, no de violarlos, ni constituir prácticas delictivas, no queremos que esto se naturalice”, concluyó.
Foto: Fb ATD Jujuy (@ATDjujuy)
