A cuatro años del femicidio de Micaela García “No se han podido concretar instancias de capacitación a las altas autoridades del Poder Judicial”

El pasado 1 de Abril se cumplieron cuatro años del femicidio de Micaela García, la joven entrerriana que fue violada y asesinada por dos hombres en abril de 2017 a la salida de un boliche de la ciudad de Gualeguay.

El femicidio de la joven de 21 años, que era estudiante de educación física y militante del Movimiento Evita, llevó a la sanción en diciembre de 2018 de la llamada Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.

En la madrugada del 1 de abril Micaela volvía de disfrutar de una salida con amigos y amigas en el boliche King de la localidad de Gualeguay -Entre Ríos- cuando fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, con la complicidad de Néstor Pavón.

En 2012, Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por abuso sexual y estuvo en la cárcel hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, lo liberó en 2016, a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejó esa decisión.

En junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner (de 31 años), y ordenó anular la sentencia para Néstor Pavón (de 35), para quien solicitaron que se sea sometido a un nuevo juicio oral.

Sin embargo, Pavón recuperó su libertad el 4 de septiembre de 2020 luego que la Justicia entrerriana aceptara su camioneta como alternativa a la caución de un millón de pesos que le había sido interpuesta, tras permanecer detenido tres años y cuatro meses.

El femicidio de la joven de 21 años, llevó a la sanción en diciembre de 2018 de la Ley 27.499 conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.

Esta ley busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia que ejecutan los agentes del Estado contra las mujeres y las disidencias, a través de capacitaciones transversales, obligatorias y permanentes en perspectiva de género.

En su artículo 4° la norma establece que “Las máximas autoridades de los organismos de los tres poderes del estado, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley” y que “para tal fin, los organismos públicos podrán realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.

No obstante ello, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, organismo contralor de la implementación de la ley, publicó los resultados del periodo 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2020, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El mismo revela que “en total, se capacitaron en el marco de la Ley Micaela agentes y funcionarias/os de 121 organismos/órganos correspondientes al Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional y 4461 máximas autoridades. Durante el año se llevaron a cabo 67 sensibilizaciones”.

Asimismo detalla que “No se han podido concretar instancias de capacitación a las altas autoridades del Poder Judicial”.

Situación que no nos es ajena ya que siguen otorgándose libertades condicionales a varios agresores, las denuncias de las mujeres son subestimadas, las acciones no son suficientes, y se produjo un femicidio cada 23 horas durante 2021 en Argentina.

Tal es el caso de Juan Carlos Gutiérrez, liberado por el Juez Llermanos del Juzgado de Violencia de Género de la provincia.

Dicho funcionario contrario al planteo negativo realizado por el Fiscal de Investigación en Feria, que indicaba que Gutiérrez era peligroso, y que en caso de ser liberado “el imputado podría influenciar a la denunciante para que se retracte o minimice lo denunciado o bien ponga en riesgo nuevamente su integridad psicofísica”; ordenó su libertad condicional.
Al salir el sujeto asesinó a su ex pareja Marina Patagua, en su propia casa y frente a sus dos hijos.

Los sistemas de justicia actuales demostraron ser ineficaces para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres y LGBTI+, incluso volviendo a reproducir violencia y discriminación. Resulta fundamental incluir la perspectiva de género para el diseño e implementación de políticas públicas, entre ellas, las vinculadas a la organización judicial y el servicio de justicia, con las normas del derecho internacional de los derechos humanos como marco.

Las transformaciones de las administraciones de justicia deben apuntar a construir un sistema capaz de gestionar los conflictos de quienes se encuentran atravesadas/os por diferentes tipos y modalidades de violencias de género y resolverlos desde una perspectiva de derechos humanos y de género.

Para cumplir este rol, las y los operadores de justicia deben estar comprometidas/os con la defensa de los derechos humanos y ser capaces de identificar las causas estructurales de las violencias contra las mujeres y LGBTI+.

La formación es una herramienta central para garantizar las transformaciones políticas, culturales y sociales necesarias que desarticulen las estructuras de desigualdad que actualmente sostienen las relaciones sociales entre los géneros.

Queda por delante la enorme tarea de hacer de la Ley Micaela una realidad en cada rincón del Estado, para que la perspectiva de género y diversidad sea parte constitutiva de su identidad y así, promover una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos.

Datos del informe del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Diciembre 2019-Diciembre 2020 sobre capacitación Ley «Micaela»

Publicación de la Fundación Micaela Garcia «La Negra» que llevan adelante los padres de Micaela.