24 de Marzo: a 45 años del golpe cívico militar en Argentina, seguir plantando memoria

Hoy se cumplen 45 años del inicio del periodo en el que las Fuerzas Armadas, apoyadas por poderosos sectores de la sociedad civil, instauraron una política de terror, para lo cual implementaron un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.

Los comandantes generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, se invistieron como los nuevos titulares del Ejecutivo al conformar la Junta Militar.

Bajo el argumento de la existencia de un enemigo interno, las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos, saquearon al país endeudándolo en una dimensión desconocida hasta el momento, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, y desplegaron una política económica que desindustrializó la estructura productiva y profundizó la pobreza y el hambre, mientras que la resistencia era exterminada bajo la creación de no menos de 700 centros clandestinos de detención, tortura y desaparición.

Frente a la institucionalización del secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas, los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, y sectores del movimiento obrero, fueron los actores sociales que expresaron una voz que denunciaba a la dictadura.

Fue la dictadura más atroz que vivió la Argentina, se extendió por más de siete años y tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas, 500 bebés apropiados y miles de exiliados.

Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes anteriores, a las que se definía como ‘leyes de impunidad’, se abrió un camino para la reactivación o directamente la apertura de los juicios por causas de lesa humanidad.

Esos juicios incluso se ampliaron y hasta el día de hoy permiten conocer detalles del horror ocurrido en la Argentina durante el período 1976-1983.

La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución varias causas de lesa humanidad, consideradas relevantes por el movimiento de derechos humanos y que, en algunos casos, esperan desde hace años una definición.

La más desconcertante de estas demoras tiene que ver con el recurso presentado en el alto tribunal contra el fallo de Casación que dispuso la falta de mérito de Carlos Pedro Blaquier por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976 en el ingenio azucarero Ledesma, de su propiedad.

Tanto el Estado, como los organismos de derechos humanos y también los imputados interesados en definir su situación legal, reclaman que la Corte defina la resolución más de medio centenar de causas de crímenes de lesa humanidad.

Según informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado, de las cuales 278 se encuentran en etapa de instrucción.

El 24 de marzo fue una fecha clave desde el retorno de la democracia y la instalación de ese día como feriado nacional se produjo a partir de la sanción de la Ley 26.085 en el año 2006, que lo declaró Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia.

Este año la conmemoración va a estar a travesada por las restricciones que impone la pandemia, que impide la realización de movilizaciones en las calles, pero se realizarán distintas actividades en todo el país y muchas de ellas serán virtuales.

Gobernaciones, legislaturas, asociaciones de derechos humanos y sindicatos de las provincias programaron actos virtuales, vigilias, actividades culturales y caravanas.

Además, en diferentes ciudades, autoridades, universidades, gremios y organizaciones sociales plantarán árboles para sumarse a la campaña de los organismos de derechos humanos «Plantamos Memoria», que busca colocar 30 mil plantas autóctonas en todo el país en memoria de los desaparecidos.