Según informó el INDEC en febrero la inflación fue del 3,6 %. Es decir bajó con respecto al 4% que se vio en diciembre y enero últimos, pero la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya acumula un 7,8% en los primeros 2 meses del año según la medición nacional.
De acuerdo a las predicciones de especialistas y consultoras privadas se pronostica que la inflación finalizará 2021 con un 48%.
El Gobierno, por su parte, estimó en el Presupuesto 2021 una inflación de 29% para fines de 2021.
Con este dato de febrero la inflación debería ser del 1,8% mensual en promedio en los próximos 10 meses del año para cumplir con esa meta presupuestaria.
A este respecto el Licenciado Benito Aramayo dialogó con Unju Radio 92.9 y explicó que el principal problema que tiene el Gobierno es detener la inflación de precios y que “hay una diferencia enorme entre la estimación oficial y los relevamientos privados”.
“Hasta abril la estimación es que la inflación evolucione un 50% de la inflación total esperada para 2021, esto es, alrededor de un 14% en un tercio del año” expresó Aramayo.
Así, “esta situación licúa los salarios, las jubilaciones y los ingresos de la seguridad social y por lo tanto la situación se complica en el sentido del aumento de la pobreza la indigencia y la marginalidad”, manifestó el licenciado en economía.
Para Aramayo es necesario un mayor control sobre la estructura de precios y la estructura de costos sobre las 28 empresas monopólicas, la mayoría de ellas de capital extranjero, que abastecen el 85% de los bienes que están en las góndolas de los supermercados y los almacenes.
Este control podría llevarse adelante a través de fiscalizar a las empresas monopólicas formadoras de precios como es el caso de la leche “donde dos empresas monopolizan el 90% del mercado, las de productos de higiene del hogar que son dos, las aceiteras que monopolizan el mercado a través de ocultar las marcas son cuatro, y cuatro frigoríficos que abastecen el mercado nacional” señaló.
En ese sentido Aramayo enfatizó que “se debe controlar la estructura de costos y el margen de rentabilidad y comparar con lo que están ofreciendo las grandes cadenas”.
Según el entrevistado estos controles son necesarios para evitar el abuso que están sufriendo los trabajadores y jubilados que no tuvieron el aumento en relación a la inflación, donde “solo algunos gremios consiguieron negociar en sus convenios colectivos un aumento progresivo en relación a la inflación”.
“No se puede apelar a la buena voluntad o al buen corazón de los formadores de precios que quieren tener ganancias extraordinarias, son expresiones de deseo y no sirven para nada” concluyó.
