Laura Yufra, investigadora de UE-CISOR (Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades), docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y Ruth Alonso migrante boliviana, música, estudiante de antropología, en diálogo con UNJu Radio 92.9 refirieron que la Ley 28571 de Migración entra plenamente en vigencia a partir de que el viernes se derogó el decreto 70 del año 2017 que viene a modificar esta ley sancionada en el 2003.
Explicaron que, lo que modifica este Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) son los procedimientos en cuanto a la expulsión de los migrantes pero los efectos de esa norma jurídica son más amplios y abarcan otros aspectos sociales porque «los criterios de expulsabilidad de la Ley no resguardan los Derechos Humanos de las personas migrantes».
Laura Yufra manifestó que “la derogación del decreto 70 es una deuda enfatizando en que es injusto vincular la migración con la delincuencia», tal como lo promovió el mencionado decreto.
En referencia a esto, la investigadora argumentó que, por un lado, desde distintas organizaciones se cuestionó este decreto presidencial porque los criterios de expulsión no resguardaban los Derechos Humanos de las personas migrantes porque no garantiza el derecho a su defensa. Por otro lado dijo que el DNU ponía en igualdad de condiciones a vendedores y gente con leves altercados callejeros con la policía, con delincuentes o narcotraficantes o asesinos. Agregó que con la derogación de este decreto existe la noción de proporcionalidad de pena, esto significa que el castigo debe ser proporcional al acto que se cometió. De esta manera el estado no puede desentenderse del delito y debe juzgar y condenar una pena. Sin limitarse a la «tantas veces injusta expulsión del país» añadió.
En esta misma línea Ruth Alonso, migrante boliviana, y estudiante de la UNJu dijo que la Ley ya contemplaba el rechazo del permiso de permanencia a las personas extranjeras que tuvieran antecedentes de delitos graves «lo que significa que la derogación del DNU no es que deje entrar cualquier delincuente al país como se ha dicho en muchos medios de comunicación».
Finalmente, Alonso aclaró que la derogación de este decreto no resuelve el tema de la violencia institucional. La militante de la lucha feminista sostiene que se usó como un discurso xenófobo (que proclama la superioridad de una cultura) y que todavía hay muchos derechos por conquistar porque «no hay ningún migrante que no haya vivido una situación de discriminación».
Para terminar, expresó que «migrar es un derecho humano».
