El Dr. Roberto Moya en dialogo con UNJu Radio 92.9 sobre la presentación que realizo en el Tribunal Contencioso Administrativo en defensa de los derechos docentes.
La presentación se efectuó el día de ayer teniendo en cuenta que los docentes desde el 2015 vienen lidiando contra la sanción de normas respaldadas, en algunos casos, por la legislatura de la provincia; como la ley 16.118 que cambia y modifica la junta de calificación docente o el decreto 1.807 y la resolución ministerial que es una especie de reglamentación de ese decreto en relación a la resolución 2.473 mediante la cual se continua vulnerando derechos y estatutos docentes que datan del año 1960.
En suma, todo ello motivo a que se presentara una acción de amparo en el Tribunal Contencioso Administrativo de la provincia buscando que se paralice o suspenda la ejecución del decreto y la resolución que sin tener aún el acuerdo de legislatura, ya posee plena ejecución.
Respecto al tiempo de espera, al tratarse de una acción de amparo, el tribunal tendría que estar expidiendo en un plazo de 24 a 48 hs.
En este marco los docentes están dispuestos al dialogo pero el gobierno no, y de ser citados no se considera dialogo porque trae consigo directivas a cumplir por parte del gobernador. Y teniendo en cuenta que el 2020 modifico el sistema educativo en todos los niveles en cuanto a clases presenciales debido a la pandemia, la resolución cuestionada (2473) ya estableció el regreso a clases sin estar dadas las condiciones sanitarias ni los elementos de bioseguridad para evitar el contagio de esta enfermedad. Además el gobierno no adapto o readapto las modificaciones necesarias en los establecimientos durante el año pasado, por ende es imposible pretender realizarla en dos semanas ya que además del covid-19 está el dengue que también causa decesos.
Por otro lado, si hubiese una negativa por parte de la justicia que en este caso corresponde a la señora jueza, Dra. Fernández, se apelará o recurrirá al Superior Tribunal de Justicia de la provincia; sin embargo de persistir tal negatividad se recurrirá a la Corte Suprema de Nación. No obstante, todo el plantel docente desea volver a trabajar y sobre todo tener la seguridad de no contagiarse. Es decir, acompañar a un proceso de gobierno pero sin imposiciones como: la supresión de derechos, el traslado de un lugar a otro, el congelamiento de la antigüedad sin tener en cuenta las capacitaciones virtuales que realizaron el año pasado, no permitirles recibir cargos en otras localidades a razón del puntaje que le corresponde, son algunos puntos que fueron cuestionados. Se tratará de que la justicia haga lugar al pedido para luego dialogar junto con el gobierno en tanto y cuanto no se vulneren los derechos y garantías de los trabajadores docentes.
