Organizaciones sociales y de pueblos originarios se manifestaron este miércoles en Plaza Belgrano en repudio a lo que ellos consideran «la criminalización de la protesta» debido a las denuncias que recibieron integrantes de distintas agrupaciones por participar de una masiva movilización el pasado 15 de diciembre. El argumento de las notificaciones contravencionales para imponer la multa por transgredir una contravención, fue por haber puesto en riesgo la salud al no respetar el distanciamiento social preventivo y obligatorio, y entorpecer la libre circulación de los ciudadanos.
Participaron de la conferencia de prensa miembros de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CCC, Movimiento Evita, El Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Barrios de Pie, La Dignidad, Frente Popular «Darío Santillán», del Movimiento de Acción Popular (MPA) entre otros.
En ese marco, los representantes de las organizaciones durante la conferencia aseguraron «que siempre hubo en las movilizaciones respeto de todas las normas sanitarias, distancia social, uso de barbijo, uso de alcohol» por lo que afirmaron que la acusación es «falsa».
Por su parte, la abogada Mariana Vargas, representante legal de las organizaciones, explicó que “el problema es que no estamos ante una acusación de la justicia penal sino que es la policía de Morales, con los jueces de Morales, que frente a una situación de ejercicio de los derechos de peticionar a las autoridades lo que hacen es amordazar con este código contravencional inconstitucional», además remarcó que las causas «son ilegales» y luego de la feria judicial plantearán en la justicia «la inconstitucionalidad de la ley, de este código contravencional». Agregó que solicitarán «el archivo de esta causa y que cesen las persecuciones a quienes no solo han reclamado sino que han garantizado la salud del pueblo en meses de aislamiento”.
Un referente de una de las organizaciones presentes en la plaza comentó “otra vez nos vemos violentados por pedir, solicitar derechos y tener la libertad de poder movilizar», en ese sentido subrayó «nosotros salimos a la calle a reclamar tomando las medidas de precaución. La movilización que hicimos fue el 15 de diciembre si las organizaciones sociales hubieran propagado la pandemia al 30 de diciembre ya hubiera habido casos, pero quedó demostrado que fuimos prudentes, mantuvimos todo el distanciamiento social que correspondía porque no hubo un rebrote de casos”.
Juan Angelo integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en dialogo con UnjuRAdio sostuvo que la lucha en las calles solicitando trabajo, vivienda y mejoras en la asistencia a los comedores y merenderos pertenecientes a las organizaciones «viene hace más de 4 años» y «se han visto frustradas porque no hay voluntad política del Ejecutivo pero sí amedrentamiento y persecución mediante estas actas contravencionales que han llegado a compañeros y centros comunitarios, la verdad es una vergüenza». «No hacemos nada malo, estamos ejerciendo nuestro derecho a protestar y además demandamos cosas que son indispensables que debería garantizar el estado provincial» enfatizó.
Durante la conferencia de prensa en Plaza Belgrano los dirigentes expusieron que las denuncias contravencionales contra ellos tienen una clara intención «de perseguir y castigar», y repudiaron unánimemente que se termine con «la criminalización de la protesta, la persecución a las organizaciones y sus dirigentes. Exigen la independencias de los Poderes en Jujuy. No a la judicialización del hambre. Y no a los desalojos a las comunidades indígenas preexistentes».
Por último remarcaron la importante tarea de las organizaciones sociales durante durante la pandemia, «las organizaciones sociales, los centros vecinales, las iglesias, fueron quienes asistieron en la primera línea, con alimentos y con salud, a los más vulnerables».
