El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseguró este lunes -7 de diciembre- que «no se autorizó hasta el momento ningún aumento» para los servicios de internet, televisión por cable, telefonía móvil o fija, tal como comenzaron a comunicar algunas empresas a sus clientes.
El directivo del Enacom, en declaraciones a Télam, también adelantó que esta semana el Ente dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más vulnerables, con vigencia a partir del primero de enero.
De esta manera, el funcionario desestimó los anuncios que varias empresas de servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando incrementos a partir del 1 de enero.
El funcionario recordó que la medida se enmarca en lo dispuesto partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que firmó el presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y esenciales.
En ese sentido, López resaltó que «ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto».
Para los sectores más vulnerables de la sociedad, confirmó López, «va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar. enseñar, acceder a la cultural, el trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad».
«Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto considerado servicio publico sujeto a regulación estatal» recordó López al ratificar que junto al anuncio de qué aumento habrá para los distintos servicios se van a comunicar los planes sociales para regir a partir del 1 de enero».
Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.
Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.
(Audio: gentileza Télam)
