El impuesto a las grandes fortunas que tiene por objeto ayudar a paliar los efectos de la pandemia en el país es ley. Abarca a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. La medida se aprobó por 42 votos afirmativos contra 26 negativos.
La iniciativa obtuvo 42 votos a favor del Frente de Todos y sus aliados, y 26 en contra, del interbloque de Juntos por el Cambio y sus adherentes tras una discusión que duró cinco horas y terminó pasadas las nueve y media de la noche.
El proyecto, que había sido impulsado por el presidente del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner, tiene como objetivo recaudar alrededor de 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.
La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
El senador por Córdoba, Carlos Caserio (FdT), fue el miembro informante de la iniciativa llegada de la Cámara de Diputados. Señaló que «se trata de un aporte único, por única vez» y que «estamos saliendo de esta pandemia como se sale de las guerras mundiales con miles y miles de muertos y con economías devastadas». Destacó que «se trata de tener un Estado justo, solidario, al servicio de la gente».
Caserio subrayó que «El Estado hizo una gran inversión para estar preparado para la emergencia. Compramos respiradores, hicimos hospitales, ayudamos a gobernadores». También dijo que «el Presidente también se ocupó del aparato productivo. Las críticas no son justas, porque si el Estado no hubiese puesto el ATP hoy muchas empresas no hubieran podido cobrar sus sueldos».
Comentó que el 20 por ciento de la recaudación sería para gastos de la pandemia; 20 por ciento para subsidios a pequeñas y medianas empresas; 20 por ciento para becas progresar; 15 por ciento para barrios populares y 25 por ciento para programas y proyectos de producción de gas natural.
Por la bancada de Juntos por el Cambio habló el senador por Formosa, Luis Naidenoff. Afirmó que «el mayor daño que se produjo en la pandemia fue haber alargado la cuarentena y esperando que a partir del encierro se combatiría el virus y vendría la recuperación inmediata». Destacó que «no hay sector productivo que no haya sido afectado por las medidas que tomó el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se reclamaba mayor apertura, señaló a esos sectores por los posibles contagios masivos. Ahora sobrevinieron concursos de quiebra masivos».
Al hablar del proyecto sostuvo «que están compensando la realidad con un relato épico. Saben que este proyecto termina en nada. Entiendo la historia de los relatos para la tribuna, pero esto es un engaño». Naidenoff afirmó que «el oficialismo tiene un prejuicio ideológico con este proyecto. Prejuicio que ya cometieron con la resolución 125».
Por el bloque oficialista del Frente de Todos, habló la senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti. Sostuvo que «para hablar de este aporte solidario hay que partir de lo obvio que es que estamos frente a una crisis mundial producto de una pandemia y que Argentina tuvo que enfrentar esta crisis con una economía devastada».
Preciso que «el gobierno ha asumido tres compromisos. Primero darle sustentabilidad a la deuda pública que nos dejaron como herencia, segundo paliar los efectos inmediatos de la pandemia, invirtiendo en hospitales, en respiradores e insumos y finalmente involucrarnos en cada uno de los proyectos científicos que trabajaron en la vacuna. Y parece que lo hemos logrado, seremos uno de los primeros países en tener la vacuna para iniciar así la post-pandemia». Subrayó que «el proyecto es un aporte extraordinario».
Destacó que «9300 personas de grandes fortunas serán los que pagarán este aporte.
Fuente: Télam -Senado de la Nación
