Tras superar las dificultades que lo originaron, el Ministerio de Salud decidió dar marcha atrás y dejará sin efecto el polémico decreto que establecía sanciones a médicos que incurrían en incumplimiento a la prestación de servicios. El decreto quedará sin efecto a partir del 3 de setiembre. Durante la jornada del miércoles distintos Colegios que agrupan a profesionales de la salud emitieron sendos comunicados rechazando la normativa por considerarla arbitraria e inconstitucional.
El Decreto Acuerdo N° 1444-S/2020 en su articulo 1° establecía que: «“Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el titulo Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional. El cobro de estas sumas, se efectuará a través del procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501».-
Cabe recordar, que la cartera de Salud promovió en su momento el referido decreto debido a que había 150 médicos aproximadamente que no concurrían a trabajar a los lugares donde se atiende COVID-19, negando incluso a notificarse de que debían asistir al hospital de campaña o similar. Frente a esta situación, se tuvo que notificar a estos médicos mediante la Policía para hacer efectiva la notificación. Formalizada esta instancia, la gran mayoría de los profesionales referidos comenzó a trabajar en los lugares donde se necesita atender COVID-19.
Se llegó a aplicar a 3 médicos sanciones económicas y disciplinarias. El resto, en tanto, comenzó a prestar servicios en lugares de atención COVID-19. Por lo cual, el decreto ahora no es de necesaria aplicación.
En consecuencia el Ministerio de Salud requirió al gobernador Gerardo Morales la derogación de dicho dispositivo.
