El gobierno nacional desde el inició de la pandemia tomó la decisión de crear el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para asistir a casi 9 millones de argentinos/as que no cuentan con un ingreso estable.
De ese total, 5,6 millones de beneficiarios (61,7%) son trabajadores/as informales o están desocupados; 2,4 millones perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE); 0,7 millones (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o monotributo social; 0,18 millones (2,1%) son trabajadores/as de casas particulares y 0,12 millones (1,4%) son titulares de PROGRESAR.
Si bien el IFE llega, en promedio, a un 19,5% de la población total del país, al analizar su alcance en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales con mayor situación de vulnerabilidad.
Si se desagrega la cantidad de beneficios liquidados en relación a su población, las provincias del Noreste (23,1% a 28,9%) y Noroeste (22,1% a 28,6%) son las que mayor cantidad proporcional recibieron; estos indicadores reflejan la desigualdad regional al interior del país. Por su parte, las provincias de la Patagonia (12,5% a 16,8%) y CABA (11,9%) son la contracara, ya que poseen una proporción relativa de beneficios sustancialmente menor al promedio país.
Cifras similares se observan al relacionar los/as beneficiaros/as del IFE en cuanto a la población económicamente activa (PEA) de cada provincia: las del Noreste (55,3% a 80,1%) y Noroeste (52,9% a 71,0%) son las que presentan valores por encima del promedio nacional (44,0%), mientras que las Patagónicas (29,6% a 42,2%) y CABA (23,2%) se encuentran considerablemente por debajo.
