Marco Andrés Espinassi, Abogado, Especialista en Derecho Penal realizó un análisis a partir del motín que se produjo el pasado jueves en horas de la tarde en la Unidad Penal N° 1 del Barrio Gorriti cuando un grupo de internos iniciaron una protesta para exigir elementos de higiene y cumplimiento de las medidas de prevención y protección ante un caso positivo de Covid -19 en un agente penitenciario y además expresó su preocupación por la situación carcelaria de Jujuy teniendo en cuenta el incremento de presos en los últimos años dando lugar a la sobrepoblación y hacinamiento lo que agudiza las condiciones de vida en las cárceles.
El abogado manifestó que en el mes de marzo se resolvió presentar una acción de Hábeas Corpus Colectivo y Correctivo en favor de todas las personas alojadas en las cárceles teniendo en cuenta el contexto de pandemia, el cual planteaba un régimen especial de detención ya que las cáceles y comisarías están colapsadas y daría lugar a que las enfermedades contagiosas se propaguen con gran rapidez.
Sobre esta situación Espinassi dijo que “desde que inició la pandemia muchos de los operadores judiciales empezaron a dar discusiones, son discusiones que se han planteado en el mundo entero y tenemos hechos relevantes que dieron pie a que se puedan ir generando herramientas de mitigación en el contexto actual, cuando empezó todo, hubo esfuerzos individuales de algunos abogados y esfuerzos colectivos como por ejemplo la defensoría pública, los individuales serán los abogados pensando en cada uno de sus clientes que están privados de su libertad pero la defensa pública hizo un antecedente muy interesante porque interpuso una acción de habeas corpus correctivo y colectivo, debemos recordar que fue rechazado inicialmente por el juez de primera instancia y después fue revocado por la cámara de apelación que daba parámetros que ya nos había marcado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los consejos que nos daban los organismos internacionales es que había que identificar de todo el universo de todas las personas que están privadas de su libertad, aquellas que son catalogadas como sujetos de riesgos, hipertensos, diabéticos, asmáticos, enfermos que tienen algunas enfermedades inmunodepresivas, embarazadas, lactantes, todas estas personas lo se propuso en ese habeas corpus es identificarlas desde ese universo que se separaba decir cuales son sujetos de riesgo y cuáles eran las personas investigadas por delitos menores que no eran de alta gravedad».
«Muchas de las personas que están en los penales no tienen condena, están hace meses y años en algunos casos esperando que se realice su juicio, es decir que le cabe el principio de inocencia e incluso ese fallo tenía algo más interesante que es perspectiva de género porque apartaba de este beneficio aquellas personas que estaban vinculada a delitos que tenían que ver con la violencia de género, entonces lo que ocurre con estas personas es que si el virus llega tienen un altas probabilidades de morir».
«Entonces lo que se buscaba con el habeas corpus es separar esas personas, no para darle libertades, sino lo que se plantea es que a estas personas se las ponga bajo algún sistema de privación de libertad distinta, en vez que estén en la comisaria estén con prisión domiciliaria, herramienta que se utilizó en el mundo para descomprimir».
Asimismo, habló del acta acuerdo que se firmó para levantar el motín y remarcó que se debería crear una mesa de diálogo con la participación de las víctimas para atender los reclamos de los internos como ya se hizo en otras provincias.
“Hay puntos en el compromiso que claramente no pueden ser cumplidos en el corto plazo, hay cuestiones que tienen ver con obras de infraestructura hay que buscar financiamiento, licitación y todo lo que son los procedimientos y claramente con eso no puede haber una solución rápida, respecto de las situaciones de libertades, nadie plantea soluciones abolicionistas que salgan todos a las calle, lo que si puede haber es tratar de acelerar los tiempos de los procesos y al acelerar los tiempos de los procesos esa persona que probablemente no tiene condena sabrá si le corresponde la condena o no y si le corresponde una condena no tendrá que salir, como sabemos en los procesos penales los juicios son orales y públicos, sobre todo orales y hoy tenemos un problema grave para hacer audiencias, en todo este tiempo han sido muy pocas las ventanas que se abrieron para poder hacer juicios orales, por lo tanto, ya la morosidad que arrastra la justicia hoy se agudiza porque no se están haciendo, hoy se empiezan a implementar nuevos debates de incorporar estás herramientas tecnológicas para poder realizar los debates por lo menos a distancia».
«Respecto de las posibilidad de acuerdo cuando hay este tipo de situaciones se firman actas y existen interesantes experiencias donde se generaron mesas de diálogo que en algunos casos incluso se le abrió la posibilidad de participación a las víctimas porque en todo proceso penal hay una víctima entonces la víctima tiene derecho a ser escuchada también, y la Argentina está dando pasos muy grandes para reconocer el derecho de la víctima pero aun así estamos en deuda. Entonces una salida integral y dialoguista en esta situación me parece que es lo más prudente no se soluciona un motín con balas, no se soluciona la violencia con más violencia. De aquí en más inicia un proceso de diálogo que si no hay una salida a los compromisos asumidos o de alguna forma de ir viendo como manejamos la situación esto se va volver a precipitar, son situaciones muy latentes”.
El letrado señaló que muchas personas privadas de su libertad no tienen una condena firme sino que están detenidas en forma cautelar y esto se debe a que “venimos con un abuso de las detenciones cautelares, las prácticas judiciales no han cambiado, hoy se cierran los penales y todas las personas que se les priva de libertad van derecho a las comisarías, comisarías que están colapsadas y con el serio riesgo que eso implica y las proximidades que hay no garantizan de ninguna forma las distancias recomendadas”.
Finalmente hizo referencia a las declaraciones que realizó el gobernador Gerardo Morales respecto al motín en el Penal N° 1 que dijo “no vamos a permitir que los presos queden libres”.
Espinassi sostuvo que “nosotros vivimos bajo un sistema republicano que implica la división de poderes y las decisiones sobre las libertades de las personas están sujetas a procesos judiciales, si los jueces toman la determinación de liberar o de cambiar el régimen de detención es una decisión de los jueces y que el ejecutivo no tiene posibilidades de opinar solamente de acatar porque las comisarias están bajo la órbita del poder ejecutivo y si una orden llega desde el poder judicial tiene que ejecutarla, no podría mezclarse los poderes, en realidad hoy el destino de estas personas esta en mano de los jueces”.
