Debido al aislamiento obligatorio que lleva ya 100 días y que, en principio, se prolongará, la idea del “salario universal” vuelve a tomar vigencia nacional ante la figura de un país con profundas dificultades en lo económico y lo social.
Con la crisis del coronavirus y sus devastadoras consecuencias económicas, son varios países, aparte del Gobierno Nacional, los que muestran su inclinación positiva a este tipo de subsidio. Un ejemplo a favor de estas medidas es el Papa Francisco, que utilizó una carta a los líderes mundiales en Pascua para sugerir que «este puede ser el momento de considerar un salario básico universal». Otro es el de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que ha admitido que las graves previsiones económicas, que pueden causar la peor recesión de la historia, estaban provocando que «haya llegado el momento de la renta básica universal
En este contexto el mandatario nacional inició conversaciones con los gestores históricos de planes en ese sentido, entre ellos, el ex presidente Eduardo Duhalde y el director del Banco Nación, Claudio Lozano, lo que significa un nuevo impulso de una idea que tuvo origen en la Argentina en la crisis de 2001, según publicó el día lunes en una columna el diario La Nación.
El Gobierno Nacional todavía muestra cautela a la hora de definir cualquier tipo de lineamiento, y no se habla de fechas tentativas. El criterio para definir los beneficiarios, la cantidad de personas afectadas, los requisitos, el financiamiento, y el organismo encargado de repartirlos, todavía están por definirse.
No se sabe, aún, si el proyecto será una adaptación temporal del Ingreso Federal de Emergencia (IFE), o una medida pensada a largo plazo. Tampoco si el nuevo ingreso ‘absorberá‘ los planes actuales. En el caso del proyecto de Lozano se propone eliminar las restricciones vigentes para los beneficiarios de ayudas sociales, como ocurre en el IFE, por ejemplo, cuyas reglas impiden lo reciba más de un miembro del grupo familiar.
Según el proyecto de Lozano, la ‘renta definitiva‘ alcanzaría ‘a todos aquellos que tengan entre 18 y 65 años y no sean asalariados formales‘. El monto sería el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. ‘Esto, sumado a la AUH, permitiría poner un piso de ingreso por hogar equivalente a la canasta familiar‘, explicó Lozano al diario La Nación.
