El juez Martínez de Giorgi recibió el escrito, pedido por los propios querellantes que acusaban a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al excanciller Héctor Timmerman por traición a la patria.

Los documentos pertinentes fueron entregados al Juzgado Federal de Martínez de Giorgi, en Comodoro Py. Allí fue donde el expediente, por presunto encubrimiento de Irán de parte de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el fallecido ex canciller Héctor Timerman.

El informe de Interpol fue emitido por la División Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina. El texto está firmado por la subcomisaria Luz Marina Prieta, a cargo de la oficina de Interpol, quien transcribió la documentación que se corresponde con las comunicaciones entre Interpol Argentina y la Secretaría General de Lyon entre noviembre de 2006 y agosto de 2017.

En el informe se reitera “La Secretaría General de Interpol fue informada respecto de que el 27 de enero de 2013 se firmó un acuerdo entre Argentina e Irán, respecto del atentado de 1994, relacionado con la presente notificación de las órdenes de captura, con el fin de resolver la cuestión por la vía diplomática. El status de la presente notificación de las capturas permanece inalterado, según lo decidido por la Asamblea General”.

Entre la información suministrada por la División Asuntos Internacionales de la Policía Federal Argentina se destaca un mensaje enviado desde Buenos Aires a la Secretaría General de Interpol, en la ciudad francesa de Lyon, en diciembre de 2013 en el que se explicitaba que la única persona con potestad para solicitar la baja de las órdenes de captura internacional era Canicoba Corral.

El radiograma incluido en el informe de 12 páginas que recibió Martínez de Giorgi, indica que «Sólo el Juzgado Federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, tiene potestad para levantar las órdenes de captura con alertas rojas y por lo tanto esas alertas rojas están plenamente vigentes contra los prófugos de nacionalidad iraní”.

Cabe señalar que la acusación contra Fernández de Kirchner y Timerman, entre otros, afirmaba que el memorándum había sido firmado como parte de un acuerdo para dar de baja las alertas rojas que pesaban sobre los acusados iraníes.