En el marco de la emergencia sanitaria y epidmiológica por el Covid-19, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura para tratamiento un proyecto de Ley que impulsa la suspensión de pagos de juicios contra Estado por 180 días o mientras dure la pandemia.
El articulo 2 del mencionado proyecto de ley establece lo siguiente:
«Suspéndase los procesos de ejecución en trámite en contra del Estado Provincial que tengan por objeto el cobro de sumas de dinero, o que se resuelvan en la obligación de pagar sumas de dinero, así también como todo tipo de medidas cautelares, preventivas, y/o ejecutorias, de carácter dinerario, anteriores y a dictarse en el futuro, que fueren dispuestas por los Tribunales de la Provincia de Jujuy, en contra de todo tipo de bienes del
Estado Provincial, administración pública central, entidades descentralizadas, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y por el plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente, prorrogable por el Poder Ejecutivo Provincial por igual periodo, o mientras dure la emergencia establecida en el articulo anterior, lo que ocurra primero».
Desde que el proyecto salio a la luz han sido muchas las expresiones en contra, tanto de legisladores de la oposición como de asociaciones de abogados independientes; en este sentido el diputado del PJ Emanuel Palmieri opinó que el proyecto de Ley «ni siquiera se tiene que tratar porque pisotea y viola cuantas reglas y garantías constitucionales existan», al igual que otros proyectos enviados por el Gobierno Provincial como «el de obras publicas que viola las autonomías municipales y el proyecto de endeudamiento sin previa rendición de cuentas y este -proyecto- no es la excepción» subrayó.
Palmieri señaló que de aprobarse la Ley, «se verían perjudicados peritos, contadores, médicos, abogados, proveedores del estado que hayan tenido que recurrir a la justicia por el no pago por parte del estado, los damnificados por accidentes, incapacidades y mala praxis, trabajadores que hayan acudido a la justicia para salvaguardar sus derechos», además expresó «que violar garantías constitucionales es propio de este gobierno que no respeta la Constitución como el pilar sobre el cual se asienta el estado de derecho en la provincia de Jujuy y en la República Argentina», insistió en que no debería tratarse el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y enfocarse en «temas más importantes».
