Andrea Territoriale, docente politóloga y miembro de la red de docentes por el derecho a decidir se refirió a la imputación que realizó la justicia a una docente y una directora en Libertador General San Martín , alegando el delito de incumplimiento de omisión de los deberes de funcionario público.
La docente y la directora de una escuela de Libertador General San Martín fueron imputadas por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público», por no haber formulado denuncia, al haber tomado conocimiento de que una alumna de la institución escolar estaba siendo abusada por la pareja de su madre en el seno del hogar.
Territoriale se refirió al marco legal que establece la Ley de Educación Sexual Integral, ESI, que los “obliga a actuar a los docentes y directivos”, cuando toman conocimiento de una situación de abuso que sufre una alumna, ya sea fuera o dentro de la institución escolar.
La docente señaló “en el plexo jurídico de la Argentina tenemos dos herramientas fundamentales para actuar , una es la ley de educación sexual integral pero también tenemos la ley de protección integral de niños niñas y adolescentes.
Es en virtud de estas leyes que surge la obligación que tienen los docentes de denunciar cualquier situación que tenga conocimiento donde se vulnere un derecho de los niños niñas o adolescentes, los contenidos que están previstos, los lineamientos curriculares de cada nivel, establecen que los docentes de gestión pública o privada tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciar cualquier situación de abuso que se detecte, esto muestra cuánto necesitan de capacitación los docentes, es fundamental la capacitación en este sentido sobre nuestro compromiso ético y moral ante los estudiantes, que es básicamente ser garantes de derechos”.
