La Doctora Claudia González, referente de la Asociación de Abogados de Jujuy, fue invitada a la edición número 66 del programa de divulgación científica y tecnológica “Cátedra Abierta” transmitido por la 92.9 Radio Universidad y conducido por Héctor Espinoza y Selene Flores.
En su visita al estudio, Claudia se refirió al marco legal del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que tomó estado parlamentario el 6 de marzo y fue rechazado por el Senado de la Nación cinco meses después, y expresó que “dentro de la opinión pública, el debate se ha simplificado y hubo bastante desinformación: por eso es importante aclarar que el proyecto no está a favor del aborto ni pretende obligar a nadie a realizárselo”. La abogada opinó que los condicionamientos morales y religiosos no deberían intervenir en la sanción de una ley que persigue resolver un problema de salud pública. Actualmente el aborto tiene graves consecuencias en Argentina ya que, debido a su carácter de clandestinidad en la mayoría de los casos, puede llegar a causar serias lesiones e incluso muertes.
La profesional dijo que “el argumento de que la Constitución Argentina garantiza y protege la vida desde la concepción no es verdadero: no existe tal artículo” y explicó que los tratados internacionales a los cuales nuestra ley máxima está subordinada implican que los ciudadanos argentinos tenemos derechos progresivos que se adquieren y consolidan a medida que transcurre el tiempo: si el feto tiene viabilidad, recién al momento de nacer adquiere los derechos porque posee personalidad restringida, acotada y sometida a una condición resolutoria.
Asimismo, González comentó que “a la hora del debate se suele plantear una dicotomía entre aborto sí o aborto no. Pero esta práctica siempre existió, existe y existirá: entonces el verdadero eje de la cuestión son las condiciones en que se lo practica; por eso el Proyecto IVE busca garantizar que las mujeres tengan un amplio abanico de posibilidades seguras en el caso de que deseen abortar”.
Arribando al término de la entrevista, la invitada denunció que existe una criminalización hacia las mujeres que piden por la legalización del aborto y/o lo practican: “ellas llegan a los centros médicos con maniobras abortivas incompletas, en un peligroso estado de salud y con mucho miedo: saben que pueden ser detenidas porque han cometido un delito”.
“Las mujeres deberían poder concurrir a hospitales y clínicas y contar con el respaldo del Estado, cuyo deber es asegurar que los abortos se produzcan en condiciones salubres, seguras y contenedoras que no lesionen la salud de las mujeres ni atropellen su libertad” finalizó González.