La diputada del Parlasur, Milagro Sala, tras haber sido incomunicada en su celda sin posibilidad de defenderse, inició este viernes una huelga de hambre. La “sanción” no fue notificada ni a la dirigente social ni a sus abogados negándole así el legítimo derecho a la defensa.
Desde la Tupac Amaru y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular exigieron que en forma inmediata se suspenda la medida e hicieron directamente responsables al gobernador Gerardo Morales y al ministro de Seguridad Ekel Meyer por el castigo contra la dirigente social. La defensa presentará un hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención.
Caso Sala
Milagro Sala se encuentra desde el 16 de enero pasado privada ilegalmente de su libertad. Tras denunciar públicamente las condiciones inhumanas de detención y la presentación de un hábeas corpus colectivo, dentro del Penal resolvieron después de tres meses en los que las internas se bañaron con agua fría en pleno invierno, colocar un calefón e ingresar ropa de abrigo. Hace pocas semanas fue trasladada a una celda de un tamaño no superior a 3 x 2 metros.
Según tomaron conocimiento los abogados de manera extraoficial, desde el Penal indicaron que “la sanción se debe a reiterados sumarios realizados a Milagro Sala por mala conducta”. Sin embargo, desde la defensa de Sala indicaron que un sumario no es una sanción y que la sanción no ha sido legal y debidamente notificada, violando así el legítimo derecho a la defensa.
Milagro Sala, en reiteradas oportunidades comentó a sus visitas sobre el inicio de informes negativos por parte de la guardia, por ejemplo por defender a otras internas cuando eran llevadas a la celda de castigo, conocida como “chanchos”. Vale recordar que poco tiempo atrás, tras la denuncia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) sobre la existencia de celdas de castigo en Villa Devoto, el Servicio Penitenciario de ese establecimiento resolvió la clausura de las mismas dado que incumplen las normas mínimas establecidas por las Naciones Unidas respecto a las condiciones de detención. Respecto a los informes, consideraron que son elaborados por las guardias sin posibilidad del interno de defenderse frente a lo establecido por las celadoras, violando también así el legítimo derecho de defensa.
Los abogados de la dirigente social indicaron que “el permanente hostigamiento a los 11 presos políticos por orden del contador Gerardo Morales se traducen en sanciones ilegítimas y arbitrarias como la aplicada en este caso a Milagro Sala”.
