El pedido de interpelación al ministro de Hacienda de la provincia, Carlos Sadir, ingresado por el Bloque Justicialista en la sesión celebrada hoy por la Legislatura provocó un ríspido debate político y un nuevo cruce de acusaciones y reproches entre el oficialismo y la oposición.
La mecha de la discordia se encendió cuando el justicialismo se sumó a la solicitud de informes propiciada por el FUyO en relación a los funcionarios del Ejecutivo que cobran sueldos superiores a los 100 mil pesos.
En efecto, fue el Bloque Justicialista el que se adelantó a solicitar al gobierno una aclaración respecto a la controvertida situación –de los salarios onerosos de los miembros del gabinete provincial- que afloró días pasados cuando se publicó en algunos medios de comunicación digitales y en las redes sociales el recibo de sueldo de la actual ministra de Desarrollo Humano, Ada Galfré, cuyo monto neto superaba los 105 mil pesos.
“Queremos que el gobierno, a través del funcionario competente -Carlos Sadir- remita a la Legislatura la real nómina salarial de los ministros y secretarios de Estado. La semana anterior trascendió públicamente que Galfré percibió una remuneración de 124.774 pesos. Esto es lo que cobra un ministro del gobierno de Gerardo Morales, mientras que un trabajador con categoría 1 necesita dos años completos de su salario para alcanzar esa estrepitosa suma”, aseveró la diputada justicialista Alejandra Cejas.
En igual sentido, cuestionó que sean las redes sociales las que hayan tenido que revelar esta información y se preguntó cuál será la erogación que realiza el Estado provincial para afrontar el pago de los salarios de los ministros, secretarios y directores provinciales, y la ampliación que se hizo a casi el doble de la planta de funcionarios.
Para la legisladora justicialista y el resto de sus pares del bloque, el gobierno actual procedió de idéntica manera que en el municipio capitalino cuando se hicieron cargo de su administración, ampliando su planta de funcionarios con salarios altos y achicando la escala remunerativa del resto de los trabajadores.
A esta aseveración, le sumó las denuncias de algunos gremios acerca del lugar donde se estarían realizando las liquidaciones de sueldos de los funcionarios, “fuera del ámbito del palacio gubernamental, en estudios contables privados para evitar a los trabajadores el acceso a la información”. “Por ello pedimos que se cite al ministro de Hacienda y que responda a distintos temas enumerados en el proyecto de solicitud de informes impulsado por el Bloque Justicialista”, completó.
Desde los escaños del justicialismo también se pidió la presencia del funcionario Sadir para que explique la situación judicial del actual contador General del Estado, Salvador Armando Meyer, quien –afirmaron- se encontraría imputado, procesado e inhabilitado para ejercer cargos públicos en la causa “Pibes Villeros”, la misma causa por la que el gobierno accionó con denuncias ante la Justicia contra otros ciudadanos jujeños.
La oposición justicialista hizo además una encendida defensa de los trabajadores estatales y de sus derechos a reclamar mejores salarios y condiciones laborales a través de la huelga, rechazando de plano el anuncio del gobernador y varios funcionarios del Ejecutivo sobre el descuento de los días de paro.-
