El proyecto cuenta con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que hoy se convertirá en ley.
El dictamen obtuvo el aval de la mayoría de los legisladores que integran las comisiones a las que fue girada la ley.
Apoyan el proyecto el pro, el radicalismo, el massismo, el peronismo disidente y también la mayoría del frente para la victoria.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.
Una modificación importante que sufrió el proyecto es la exclusión – del blanqueo de capitales de los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur.
También quedan excluidos los funcionarios provinciales y nacionales de los tres poderes del Estado y sus familares directos.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo.
Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.
Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales.
El proyecto también incluye la Pensión Universal para la Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.
