A mediados de la primer semana de febrero comparsas de la quebrada y puna se vieron obligadas a movilizar contra el intento de aplicar la Ley 5955 a los tradicionales festejos de Carnaval por parte del gobierno, y para peticionar puntualmente se las exima del Depósito de garantía en calidad de asociaciones sin fines de lucro.

La grava de los impuestos que por este estatuto dichas organizaciones se verían obligadas a afrontar, aseguran, es inviable.
“Estamos molestos porque nos dicen que somos asociaciones con fines de lucro. Y para eso tenemos que tener empleados o repartir las ganancias. Eso con las comparsas no pasa. Cada integrante de la comparsa ad honorem pone su tiempo, su plata, sus cosas materiales para juntar moneda por moneda y compensar todos los gastos que demanda el carnaval”, declaraba Cesar Gallardo (Comparsa Los Caprichosos) apenas iniciaban el reclamo.

Es así que el día miércoles por la tarde las comparsas se reunieron para redactar un petitorio al gobernador Gerardo Morales para solicitar la anulación total de los impuestos, la cuál entregarían mediante movilización a Casa de Gobierno con el habitual colorido de la festividad carnestolenda el pasado viernes.
Alrededor de 400 personas, integrantes de mas de 50 comparsas, se aprestarían en Plaza Belgrano en apoyo a la rogativa y con la amenaza de “si no nos recibe el Gobernador no hacemos el carnaval”.
“Vamos a permanecer hasta que el gobernador o alguno de sus funcionarios nos den una respuesta. Y que también nos convoquen para modificar esta ley. Esta ley esta mal hecha, porque la gente que la hizo no caminó por la quebrada”, dijo Alfredo Tejerina (representante de las comparsas) a Radio Universidad.

Poco antes del mediodía un representante de cada comparsa, el secretario de Seguridad Guillermo Tejerina, el secretario de Asuntos y Relaciones Municipales Diego Rotela y el secretario de Turismo de la provincia Diego Valdecantos protagonizaron una reunión en la que se hizo especial foco sobre el supuesto fin lucrativo de las celebraciones organizadas por la agrupaciones tradicionalistas y la seguridad de las mismas debido a su afluente turístico.

Finalmente, y luego de un intercambio de opiniones que incluso alcanzaron la Ley de nocturnidad vigente, se firmó un acta acuerdo en la que cada organización se compromete a presentar documentación detallada que dé cuenta que no existen fines de lucro a no menos de 24 hs. de realizarse el evento. Entre otros detalles, dicha información debe incluir: fechas de realización, cobro de entrada (o bono contribución) horarios de inicio y finalización, cantidad de asistentes, personal de seguridad y enfermería, mas permisos de habilitación correspondientes.
El secretario de Asuntos y Relaciones Municipales Diego Rotela aclaró que: “Con la presentación de la nota en las dependencias policiales más cercanas, desde el ministerio de Seguridad evaluarán caso por caso y habrá un relevamiento de los lugares para autorizarlos o no. Lugar que no esté en condiciones, no se habilita”.

Los funcionarios presentes expresaron su tranquilidad al declarar que “las comparsas entendieron que el Gobierno no está en contra del Carnaval, que hay un apoyo constante y un gran respeto por la cultura ancestral”.
Por su parte, César Gallardo expresó su satisfacción al decir: “Esta medida beneficia a las comparsas pequeñas que pueden probar de manera coherente cómo realiza cada uno de sus bailes. Por eso le pedimos a cada uno de nuestros compañeros sean sensatos en lo que van declarar, misma sensatez que le pedimos a los representantes del Gobierno, quienes deben evaluar cada presentación”

Casi con seguridad las discusiones entorno a las contingencias surgidas se retomen una vez que pasen las celebraciones con vistas a proyectar una Ley de Comparsas.

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