El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó esta mañana que el Gobierno evalúa declarar la educación como «un servicio esencial», a pocos días del inicio de clases en todo el país y a dos de que se desarrolle el congreso nacional de Ctera, en el que los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
«Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema», dijo Adorni.
De esta manera el Gobierno busca poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina y que la Justicia suspendió al declararlos «inconstitucional» por vulnerar el derecho a huelga.
Las declaraciones del vocero se producen en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias, y fue uno de los temas analizados por el Gobierno durante la reunión de gabinete que se hizo esta mañana.
DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue suspendido por la Justicia en varios artículos, entre ellos el que incorporaba a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, los servicios de cuidado de menores y la educación especial como «servicio esencial».
De esta forma, el Gobierno buscaba establecer que en ningún caso se podía «negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare».
Este intento por parte del Gobierno nacional quedó sin vigencia luego del amparo interpuesto por la CGT y tras el fallo de la La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional ese apartado del DNU.
La modificación debería analizarse en el Congreso mientras que desde el gremio advirtieron que el accionar del Gobierno nacional «se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación» en un comunicado publicado el pasado miércoles 14 de febrero.
En tanto, se convocó para este jueves 22 de febrero a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, para elegir sus autoridades.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), definió este lunes los ocho integrantes de ese cuerpo que conformarán la comisión bicameral que analiza los DNU, asignándole tres espacios a Unión por la Patria, en lugar de los cuatro que solicitaba, y resolviendo así la cuestión que demoraba la conformación del cuerpo.
Con la designación formal de los ocho representantes por la Cámara baja, quedó finalmente conformada la comisión, ya que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, había hecho lo propio hace más de un mes.
Resuelta la cuestión, la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo será la siguiente: Unión por la Patria 6 (3 diputados y 3 senadores); La Libertad Avanza 3 (2 diputados y 1 senador); el PRO 2 (uno de cada cámara); la UCR 2 (uno de cada cámara); Hacemos Coalición Federal 1 diputado; Unidad Federal 1 senador y Cambio Federal 1 senador.
La comisión bicameral deberá abocarse tras su constitución al estudio del DNU 70/23 presentado por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre y con vigencia desde el 29 de ese mes.
Sin embargo, como el plazo reglamentario para que se expida la comisión se encuentra vencido, el bloque de Unión por la Patria solicitó tres reuniones del plenario del Senado para abordar el tratamiento.
