La Cámara alta convirtió en ley el proyecto gracias a los votos del Frente de Todos y de sus aliados, ya que la oposición decidió no participar de la sesión. El Presupuesto prevé un gasto global de casi $29 billones y un déficit fiscal de 1,9%.

El Senado de la Nación convirtió en ley este miércoles en una sesión especial el Presupuesto 2023 que tiene como puntos centrales la previsión de un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60% y que destina 70% de sus recursos a rubros sociales.

La discusión llevó poco más de una hora y media y el proyecto, que a principios de noviembre había sido aprobado por Diputados, fue convertido en ley por unanimidad por los 37 senadores reunidos en el recinto.

La iniciativa obtuvo el respaldo del interbloque del Frente de Todos y sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina.

La oposición de Juntos por el Cambio había anticipado su decisión de no participar de la sesión, luego de que el oficialismo resolviera mantener la decisión de designar a tres representantes por el Frente de Todos y a uno por la oposición para el Consejo de la Magistratura, en lo que consideraron un desafío al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A grandes rasgos, el proyecto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total de $29 billones, mientras que los recursos alcanzarían más de 22 billones y medio.

De hecho, el proyecto pretende reducir el déficit de 2,5 a 1,9%, por un monto de más de $6,4 billones.

La pauta inflacionaria está estimada en 60% anual y se incorporó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.

Además, se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Por otro lado, se incorporó el blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas.

 

(fuente: Télam)

 

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