Como consecuencia del excesivo aumento en las boletas de energía eléctrica que recibieron los usuarios de la provincia de Jujuy en las últimas semanas, han sido numerosos los reclamos por parte de los diferentes sectores de la sociedad, jubilados, organizaciones sociales, gremios, asociaciones de consumidores, empresarios entre otros en la empresa que provee el servicio de energía eléctrica, EJESA y en las oficinas de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) cuya función es la regulación, control y fiscalización de los servicios públicos de generación eléctrica, transporte de energía eléctrica, distribución eléctrica concentrada y de sistemas eléctricos aislados, como así también el de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable y de colección, tratamiento y disposición de desagües cloacales, recursos hídricos y riego.

En este sentido, las organizaciones de defensa de consumidores Codelco y Proconsumer se unieron y presentaron un amparo colectivo pidiendo que se deje sin efecto la Resolución 180 que estableció el tarifazo, por considerar que se aprobó sin que se cumplan las condiciones necesarias y sin convocar abiertamente a la audiencia pública.

Para hablar sobre el tema, UnjuRadio diálogo con la abogada Pachi Tabera, integrante de UCU Jujuy, ONG que se ocupa de asesorar y representar a los usuarios y consumidores frente a los incumplimientos y abusos de las empresas.

Tabera afirmó que “desde el Estado no hubo información previniendo al usuario sobre los aumentos que iban a suceder en las tarifas de energía eléctrica”.

“Tampoco hubo información sobre el correcto uso de las energías que tanto está bregando el Estado; del ahorro de energías no renovables como son los hidrocarburos; y tampoco hubo información acerca de esta audiencia pública que, en teoría, se celebró y en la cual se definió este aumento” afirmó la abogada.

Este aumento en las tarifas se habría definido en mayo y lo que pasó ahora es que se facturó junio y julio, y por eso los reclamos son ahora porque la gente se está desayunando que hay un nuevo cuadro tarifario y que hay nuevas decisiones que nunca fueron comunicadas” añadió.

Además puntualizó que lo que se critica principalmente es que esta reunión fue realizada a puertas cerradas ya que “una audiencia pública debe convocar a la comunidad y a las asociaciones de consumidores para tener cierta legitimación”.

Al respecto aseguró que “el amparo que hay hoy en el juzgado contencioso administrativo habla de la ilegalidad del tarifazo porque no se cumplió con los requisitos formales de la audiencia pública, Entonces no puede ser facturado y aplicado a la gente sin estas condiciones previas”.

Asimismo consideró que “el tema de los servicios públicos está considerado dentro de los Derechos Humanos por lo que su norte no debe estar puesto en lo lucrativo sino en establecer costos y probarlos”.

La idea es establecer una tarifa que genere viabilidad en el servicio. “Al momento de establecer el costo de la tarifa se debe tener en cuenta cuál es la realidad de la gente que la va a pagar. La audiencia pública está pensada para nutrirse de esos datos y recién ahí tomar la decisión” aseveró.

Subrayó que se debe tener en cuenta que Jujuy tiene una situación muy particular. “Somos la segunda provincia más carenciada de la Argentina; tenemos sueldos super bajos comparados con otras provincias; tenemos climas muy extremos en nuestra misma provincia, por lo que el uso de energía para refrescar o para calefaccionar tiene que ser sopesado”.

Tabera explicó que el aumento se ve reflejado en las boletas de junio y julio, meses donde se comenzó a aplicar siete nuevos cuadros tarifarios.

Al respecto afirmó que “entre los 7 cuadros tarifarios los aumentos van desde el 40 al 2.500 por ciento”.

“El tema de los 7 cuadros tarifarios tiene que ver con la capacidad económica de las personas y la capacidad del ahorro” añadió.

Por otra parte, en horas de la mañana del viernes el gobierno provincial emitió un comunicado que expresa que “el costo de la tarifa eléctrica en Jujuy responde esencialmente a un aumento del gobierno nacional”

El comunicado prosigue informando que “el aumento de energía eléctrica que impactaron en las boletas de la provincia de Jujuy  son resultado de decisiones adoptadas desde el gobierno de la Nación en el marco de un ajuste tarifario decidido en Buenos Aires”.

Respecto del comunicado Tabera opinó que “el hecho de que el 80 por ciento del comunicado sea para culpar al gobierno nacional es irresponsable como titular de una cartera pública, considerando además que la provincia tienen cierta autonomía en estas decisiones”.

En referencia al tema de la renovación de los subsidios, la entrevistada recordó a los ciudadanos que deben realizar el reempadronamiento de la tarifa eléctrica porque “aunque sea poco el beneficio siempre es mejor hacerlo”.

La otra medida momentánea que aconsejó adoptar, “hasta tanto salga el amparo presentado”, es hacer la queja en la SuSePu para que se aplique el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor que dice “cuando el aumento fue injustificado o mayor al 75 por ciento, el usuario tiene derecho a pagar el promedio de los dos últimos años e impugnar el resto de la tarifa hasta que la autoridad de aplicación resuelva la situación”.

En este sentido, manifestó que desde UCU Jujuy están a disposición de la gente para ayudarlos a hacer el reclamo y presionar a la SuSePu para que no les hagan el corte y paguen la factura impugnado el aumento por su ilegalidad”.

Por consultas, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de UCU Jujuy  en el Pasaje Valladolid 341 del Ciudad de Nieva. También pueden llamar al teléfono 388 4973030 donde los atendrá un asesor y les asignará un turno.

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