Personal policial de la provincia en la jornada de ayer -miércoles- realizó distintos allanamientos a domicilios de referentes e integrantes de organizaciones sociales. La medida judicial fue ordenada por el Juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Diego Funes, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio en una causa en la que se investigan  presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión.

Tras conocerse la información las repercusiones fueron inmediatas, la mayoría de las organizaciones sociales de la provincia denunciaron que se “trata de una persecución política” por parte del Ejecutivo.

En ese sentido, este jueves las organizaciones decidieron congregarse y luego movilizar por las inmediaciones de Casa de Gobierno para visibilizar su malestar por los “allanamientos” y contra “la criminalización de la protesta”.

(Sebastián Pérez – FOL)

Al respecto, Sebastián Pérez del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) consideró que lo que esta haciendo el gobierno de Gerardo Morales “es atropellar, perseguir, amedrentar y dividir a las organizaciones sociales”.

Remarcó que la presencia de las organizaciones sociales en el día de hoy es “solidarse con los compañeros del FOL de Alto Comedero”.

“Queremos mostrar que en Jujuy hay opresión, persecución y disciplinamiento hacia todas las organizaciones sociales” indicó.

Pérez explicó que este jueves se sumaron a la jornada de protesta piquetera, “gremios y sindicatos” con el objeto de “mostrar lo que esta sucediendo en Jujuy”.

Recordó que no es la primera vez que ocurre un hecho de “amedrentamiento” a organizaciones sociales. En abril de este año fueron detenidos dos referentes sociales, Sebastián Copello y Juan Chorolque, los cuales fueron liberados días después.

Pérez comentó que llevarán el reclamo hasta los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales para dar a conocer lo que es sucediendo en la provincia.

En Jujuy “quieren hacer creer que las organizaciones sociales son una banda delictiva. El gobierno de Morales quiere implantar el miedo” afirmó el dirigente social.

Finalmente, Sebastián Copello, referente del Polo Obrero, explicó que “existe una persecución a organizaciones que no implica solo criminalizar la protesta sino a las propias organizaciones sociales, al allanar a 16 sedes y domicilios particulares de referentes en una avanzada peligrosa al caratularlas como asociación ilícita, eso significa que son ilegales las protestas y las organizaciones civiles de ciudadanos”.

Como próximas medidas, Copello informó que “se están realizando asambleas en todo el país para denunciar los ataques y se provee una jornada nacional el 14 de julio con todos los reclamos pendientes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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