Días pasados el gobierno provincial anunció que familias de las localidades de Tilcara y Maimará que viven en cercanías de las estaciones del ferrocarril serán desalojadas debido a las obras que se están realizando para poner en funcionamiento el Tren que unirá varias localidades de la Quebrada.

Al respecto, Gisela Martín, abogada que patrocina a varias familias que se ven afectadas por esta disposición, en diálogo con UnjuRadio manifestó que “la situación es muy compleja” ya que “no se realizó  ningún tipo de relevamiento para conocer cuál es la situación actual de estas viviendas” y sus ocupantes.

La abogada aseguró que el gobierno provincial “no buscó el diálogo” y lo que hizo directamente fue “imputar a las familias de Tilcara por el delito de usurpación porque supuestamente habían ingresado a los terrenos del ferrocarril en enero de 2022”.

Además afirmó que “la misma imputación se les hizo a las familias de Volcán, de Tumbaya y de  Maimará”.

A las personas denunciadas “se les pintó los dedos, las notificaciones fueron cursadas con diez minutos de antelación a la hora en que tenían que presentarse a conocer la causa”.

Al respecto, Martin aseguró que hicieron las presentaciones  y las defensas y que “sobre eso el fiscal Alancay de Humahuaca no agregó nada de la documentación que nosotros presentamos” por lo que “el expediente sólo tiene las denuncias y las actuaciones que agregó la fiscalía nada más”.

Asimismo, indicó que “la orden de desalojo salió a pesar de que el juez se declaró incompetente”.

La letrada informó que “no se trata solamente de familias de Tilcara ya que próximamente se  hará lo mismo con 200 familias de Huacalera, 50 familias de Uquía. Son más de 100 familias en Tilcara y más de 20 en Maimará , esto llega hasta La Quiaca”.

“Lamentablemente esta misma situación va a pasar con todas las personas que vivan en la traza del tren” aseveró la abogada.

Por otra parte, indicó que “en ningún momento se les ofreció formalmente algún lote o terreno a estas familias” y consideró que “antes de tratar a las personas como delincuentes hubieran buscado generar un diálogo con ellas”.

En este sentido Martin expresó que “las familias entienden que esto va a beneficiar al pueblo, que va a traer más dinero, comercio, actividades” pero que “se trata de familias que viven hace más de 30 años en ese lugar” y con las cuales “el gobierno provincial no propició nunca un diálogo”.

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