Tras el violento desalojo que sufrió un integrante del gremio de vendedores ambulantes en la puerta del hospital Pablo Soria, Unjuradio dialogó con el representante legal de los vendedores Ambulantes, Feriantes y Afines Agremiados Jujeños (AFFAJ), Héctor Huesped quién expresó que la municipalidad de San Salvador de Jujuy no pudo mostrarle una orden judicial para llevar adelante el operativo de desalojo y aseguró que trabajan con organismos nacionales para denunciar penalmente a funcionarios municipales y al fiscal Aldo Lozano por persecuciones al gremio de AFFAJ “en Jujuy no existe el Estado de Derecho” puntualizó

El abogado manifestó que “exigimos a la municipalidad que nos muestre la orden del juez que ordena el desalojo del vendedor ambulante y que nos muestre una orden de un juez para llevar adelante cualquier tipo de secuestro de mercadería y demás, la municipalidad no nos pudo mostrar eso porque no existe, porque la municipalidad tiene una medida cautelar vigente que les prohíbe realizar decomisos de mercadería hacia los vendedores ambulantes”

También el letrado expresó que ante esta situación realizarán la denuncia penal correspondiente en contra de la municipalidad, funcionarios municipales y el fiscal Aldo Lozano por todas las irregularidades hacia los vendedores ambulantes y dijo “esto es una represalia de la municipalidad en contra de los dirigentes gremiales de AFFAJ, la municipalidad está persiguiendo a los dirigentes del gremio AFFAJ a través de hacerse ayudar con algunas concejales de la municipalidad de otros partidos políticos, que no son propios de la municipalidad, que luego amenazan a los dirigentes y le dicen que si abandonan el gremio y las denuncias en contra la municipalidad les van otorgar permiso y no les va a cobrar cánones, les ofrecen planes de contingencia de 6.500 pesos para que salgan del gremio y dejen las acciones judiciales en contra de la municipalidad.

“También estamos denunciando penalmente al fiscal Aldo Lozano que tiene desde el año pasado 89 denuncias penales realizadas por los vendedores ambulantes y por este motivo las tiene cajoneada, no actuó y no inicio siquiera la investigación penal preparatoria y vamos a ver dentro del ministerio público de la acusación quienes más están involucrados en este actuar y esto se suma a varias causas que se ha actuado de esta manera en convivencia con el poder político y han actuado integrantes del ministerio público de la acusación de la provincia de Jujuy.

Debido a que los vendedores ambulantes sufren persecuciones, represalias y constantes atropellos por la actividad que realizan remarcó que” estamos pidiendo la intervención específica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque entendemos que en Jujuy la justicia o parte de ella esta coaptada por el poder político de Gerardo Morales y que responden directamente a él; y no a las constituciones y las leyes como debería ser un funcionario de la justicia”.

Al mismo tiempo subrayó que “la municipalidad y funcionarios municipales constantemente están extorsionando a los vendedores ambulantes para que dejen el gremio con la condición de otorgarles permisos que son inexistentes porque no tienen como otorgar permiso al no tener las ordenanzas vigentes y esa es la medida cautelar que nosotros lo logramos por la acción de inconstitucionalidad que planteamos”.

Finalmente sostuvo que “estamos trabajando desde CTA de los trabajadores, con un equipo legal para hacer todas las presentaciones a nivel nacional, de todas estas violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en Jujuy y solicitar a la Secretaráa de Derechos Humanos de la Nación que se designe una comisión permanente en la provincia de Jujuy para que acerquen todo esto al senado y pueda tomar la determinación de aprobar la ley de intervención del poder judicial en la provincia de Jujuy porque en Jujuy no existe el estado de derecho”.

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