El martes pasado, visitaron el piso de Radio Universidad, la abogada Agustina Aramayo, quien denunció al Fiscal General Sergio Lello Sanchez titular del Ministerio Público de la Acusación, por mobbing, violencia laboral y violencia de género, y la abogada Claudia Gonzales, presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ) y patrocinadora de distintas denuncias en contra del Fiscal General como a otros funcionarios del gobierno provincial. En una nota exclusiva, tras reunirse con las diputadas provinciales que promovieron la creación de un Observatorio de Políticas Públicas con Perspectiva de Género en la provincia de Jujuy.

Aramayo comentó, “aproximadamente hace 4 años que esta persona asumió en carácter de Fiscal General del MPA y venimos padeciendo otros compañeros y yo distintos tipos de abuso de poder, humillaciones, maltrato, violencia de género”. Y agregó, “el 4 de julio del 2019 hago la denuncia junto a otro denunciante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el cual consideramos que es el órgano de control superior con competencia para actuar y hasta el día de hoy -han pasado 5 meses y- no tenemos respuesta a esas denuncias, no hemos accedido el expediente”.

En relación a la reunión realizada durante la mañana, expresó “hoy vemos con buenos ojos que un poder como lo es el Legislativo, desde un área que se formó hace poquito, nos haya convocado para escucharnos, para brindarnos un apoyo, para brindarnos herramientas para poder acompañarnos en este proceso y bueno lograra algún resultado para todos. Porque esta medida, si bien yo soy en primera persona la denunciante, sería para un montón de gente, sería positiva la convocatoria”.

El día después de la denuncia, Aramayo recapitula el sin fin de destratos sobrellevados e incluso la violación al despacho de la Dra. Montiel, oficina en la que Aramayo desempeñó su última actividad luego de ser trasladada 10 veces en 3 años de trabajo. Al respecto enfatizó “nos han pasado diferentes hechos que fuimos manifestando públicamente, porque es la única vía que tenemos. No tenemos otro órgano ni ayuda de ningún sector para dar una solución a esto que venimos pasando. La única vía que encontramos fue hacerlo público para que no quede tapado. Estamos a la espera de alguna solución”.

Por su parte la González dijo, “soy denunciante, además, de algunas cuestiones como incumplimientos graves en las acordadas del Superior Tribunal de Justicia en las que ha incurrido Lello Sánchez, y que hasta el día de hoy no ha cumplido. No ha dado explicaciones de porque no ha cumplido. Entonces en esa denuncia la solicito en virtud del artículo de la Constitución Provincial que el Superior Tribunal ejerza la facultad que le corresponden” y aclaró, “porque en el caso de la Aramayo, ella tiene un inmediato superior que es el titular del Ministerio Público de la Acusación, Lello Sánchez, pero ese MPA forma parte del Poder Judicial y en el Poder Judicial según la Constitución Provincial, las autoridades supremas son el Superior Tribunal de Justicia, entonces Aramayo y Montiel hacen la denuncia donde corresponde, es una denuncia del tipo administrativa que busca dilucidar hechos de abuso de autoridad, persecución, malos tratos, violencia laboral, y agravado en el caso de la Dra. Aramayo, violencia de género.
Y advierte, en este sentido, que al fiscal se le solicitó “pedidos de franqueo de autos, hechos por escrito. El ultimo escrito que presentó Aramayo es de octubre, y hasta ahora, esperemos que en febrero con el nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia se imprima el trámite que corresponde. Para que se den una idea ni siquiera se ha corrido traslado al Dr. Lello Sánchez, para que se defienda. Porque es lo corresponde, él tiene que ejercer sus derechos a defensa, pero como toda autoridad inferior jerárquicamente al STJ si la falta la ha cometido el Dr. Lello está agravada por el tiempo que ha transcurrido. Los denunciantes no han encontrado amparo en sus superiores, en el STJ”.

Conforme avanzaba la entrevista, González señaló, “no nos olvidemos que más allá de la figura y la persona del fiscal Lello Sánchez, es el Estado Provincial quien está involucrado acá. Es un poder del Estado. Entonces, tenemos trabajadoras estatales con mayor o menor jerarquía, como la Dra. Aramayo, que es una funcionaria del poder Judicial pero tenemos trabajadoras que son acosadas y violentadas y del otro lado el responsable es Estado Provincial. Y nos tiene que quedar claro a todos. Cuando Cabana Fusz el Ministro de Trabajo maltrata a una mujer, la insulta, la humilla y la condiciona en la condición de la prestación de sus labores, abusándose de su condición de superioridad -que le da el cargo que tiene-, es más allá de Cabana Fusz. Además de la responsabilidad personal que tiene él, es el Estado Provincial el que está violentando a una trabajadora, es un empleador que está violentando a una trabajadora”.

Sobre el final, Aramayo dijo no haber recibido ninguna comunicación del Consejo Provincial de la Mujer a cargo de Alejandra Martínez, pese al protocolo divulgado para casos de violencia de género dentro de la administración pública.

Asimismo, la abogada González dejó un mensaje a todas aquellas personas que atraviesan situaciones de violencias laborales, “les voy a aconsejar a todos los y las violentadas, a los que simplemente tiene violencia laboral o a las mujeres que sufren acoso laboral, deben visibilizar, denunciar. Yo sé que no es fácil. Es más en este momento no puedo asegurar que se vaya a resolver rápido pero si no visibilizamos no sabemos y no los podemos acompañar. Entonces, hay que hacer pública, mientras más públicas se hagan estas cuestiones más posibilidades tenemos de erradicar esas conductas violentas, con más razón dentro del Estado. Lo ideal sería erradicarlas de la sociedad”.

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